“Estamos listos, pero estamos limpios”, dijo ayer la procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, al referirse a la limitación de recursos que enfrenta la implementación del Sistema Penal Acusatorio, que entrará a regir el próximo 2 de septiembre, en el Segundo Distrito Judicial, que comprende las provincias de Coclé y Veraguas.
Manifestó que el Sistema Penal Acusatorio demanda transformaciones estructurales, conceptuales, y una nueva logística para manejar la protección de los testigos y la participación de los peritos. También implica el diseño de los despachos para que los fiscales puedan descartar causas al recurrir a la conciliación y la litigación temprana, expresó.
Todo esto busca que los funcionarios puedan enfocarse en los casos que tengan viabilidad en este sistema, de acuerdo con la relevancia, explicó.
En ese sentido el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Harley James Mitchell, también se quejó de la falta de presupuesto, porque hasta la fecha no han recibido ni un centavo, afirmó.
Ante ello, el Órgano Judicial, que sufrió un recorte en su presupuesto, ha invertido al menos B/400 mil de sus propios fondos para el Sistema Penal Acusatorio.
El año pasado se pidió una partida de B/ 4 millones para este sistema, pero no fue aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La Asamblea Nacional de Diputados pidió una reformulación, pero hasta ahora no han recibido respuestas, dijo.
