Nuevos expedientes en caso de desaparecidos

Con la entrega de 10 expedientes, familiares de desaparecidos y asesinados durante la dictadura militar en el país, exigieron nuevamente al Ministerio Público reabrir el proceso de investigación a fin de poder dilucidar los escabrosos casos que acabaron con la vida de personas consideradas opositoras al régimen.
La nueva solicitud surge luego que la Corte Suprema fallara a favor de los afectados y designara a las entidades encargadas de esos procesos el desarrollo de todos los casos, para determinar cómo sucedieron cada uno de los hechos que acabaron con la vida de varios panameños.
En anteriores oportunidades, a través de la Comisión de la Verdad, familiares de los asesinados y desaparecidos habían solicitado al MP la ampliación de los casos, pero éste no procedió tras considerar que habían prescrito.
Pero, en esta ocasión, Alberto Almanza, presidente de la Comisión de la Verdad, dijo que ahora era diferente, porque no están solicitando reabrir las investigaciones, sino que se haga justicia a más de un centenar de familias que vivieron amargas experiencias como consecuencia de ello.
Apuntó que la exigencia está acompañada por una serie de pruebas claramente especificadas, en donde se señala, inclusive, presuntos victimarios o responsables de los casos.
Dijo que como este proceso surge como consecuencia del fallo de la Corte Suprema de Justicia, ahora deberá ser el Ministerio Público, por mandato constitucional, quien lleve a cabo las investigaciones.
Algunos de los casos que se presentaron corresponden a los de Manuel Alberto Díaz Adames, José Manuel Morantes Madrid, Julio Mario Villarreal de las Casas, los cuales fueron supuestamente asesinados en el distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí.
Alonso Sabin Castillo, Ramón Mojica, Ariosto González, Limbertg Augusto Gantes, Daniel Espinoza, Evertd Clayton Kimble y Benjamín Miranda, de los cuales algunos fueron encontrados sus cuerpos y otros no.
María Elena Valdés, representante de los familiares de los desaparecidos, indicó que la apertura de las investigaciones es un derecho que les asiste en ley y en la Constitución, por ende, el Ministerio Público deberá realizar el proceso.