Nuevos magistrados ganarían 5 mil dólares

PANAMÁ podría aumentar la cantidad de magistrados, ya que a los nueve que hay en la Corte Suprema de Justicia podrían sumarse dos, para la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ).
Para integrarse a este organismo el gobierno panameño debe ratificar el convenio estatuto de este tribunal, suscrito el 10 de diciembre de 1992 por el entonces presidente Guillermo Endara.
El vicepresidente de la CCJ, Francisco Darío Lobo, dijo a Panamá América que el gobierno panameño "está dando los pasos conducentes a la ratificación del convenio de estatuto".
"Tenemos informaciones fidedignas que muy pronto lo ratificará y nombrará sus magistrados de conformidad con dicho Convenio", agregó.
Los miembros de esta Corte, con sede en Managua Nicaragua, tienen un salario de 5 mil dólares, además de prerrogativas como: gastos de permanencia, exoneración de impuestos y pasaporte diplomático.
Los magistrados permanecen en el cargo por 10 años y al retirarse reciben una pensión de 5 mil dólares al mes. Lobo al ser interrogado sobre esta paga expresó: "sí existe el pago de una pensión de retiro equivalente al pago de tres años".
Además de los magistrados principales se deben escoger dos suplentes, quienes ejercen funciones solamente en casos de ausencia del titular.
Sobre la labor del organismo, el también magistrado hondureño manifestó que se han resuelto cerca de 80 casos, desde que inició funciones en octubre de 1994.
Entre los casos importantes que se han tratado, Lobo mencionó el juicio promovido por el Estado de Honduras contra el Estado de Nicaragua, cuando el presidente nicaragüense, Arnoldo Alemán, violando el Tratado Arancelario y Aduanero centroamericano, de manera unilateral y arbitraria estableció un impuesto fuera de los límites legales cobrándoles el 35% a los productos exportados por hondureños a Nicaragua.
La Corte declaró nulo ese impuesto y después de muchas dificultades se logró que el Estado de Nicaragua cumpliera dicha sentencia, recordó.
También habló sobre el juicio promovido por el Estado de Nicaragua contra Honduras, para evitar que este último ratificara el Tratado de Delimitación Marítima con Colombia. Este caso en la actualidad lo conocen en una dimensión mayor como problema de delimitación marítima en la Corte Internacional de Justicia y está pendiente de fallo.
Sobre las críticas hechas a la CCJ, Lobo manifestó que "son injustas". Nosotros las hemos rechazado en varias oportunidades de manera enérgica, haciendo las aclaraciones pertinentes y al mismo tiempo perdonando a los que nos ofenden con malos calificativos, porque desconocen la normativa jurídica.
Sin embargo, el vicepresidente manifestó que muchos abogados centroamericanos no saben que la Corte existe, y los que saben de su presencia no conocen los Tratados Centroamericanos que le dan vigencia.
El ex magistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez Amado, manifestó que a pesar de que la Corte existe desde hace años no se ha dejado "sentir eficazmente".
Criticó la existencia de la Corte a la que señaló de inoperante y al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) al que calificó de "cuevas de ladrones".
"Hay que buscar otros mecanismos que logren los mismos fines" que se quieren lograr con estos dos organismos, manifestó.
Por su parte, la ex vicecanciller, Nivia Roxana Castrellón, dijo que Panamá debe evaluar su participación no solo en la CCJ, sino también en otras organizaciones.
Castrellón agregó que no se trata solamente de sufragar los salarios de los miembros de los diferentes organismos, además se debe pagar una membresía, las cuales son costosas. ¿Se obtienen beneficios del dinero que se paga?, preguntó.
El abogado Jorge Giannareas opinó que la decisión de integrarse al tribunal centroamericano debe estudiarse muy bien.
Malo sería que la CCJ sea otro PARLACEN, lo correcto es que no se convierta en "el palacio dorado del valle de los caídos", indicó el consultor y columnista.
(segunda y última parte)