El Gobierno decidió excluir del Consejo Nacional de Transparencia Contra la Corrupción a la Defensoría del Pueblo, organizaciones civiles, empresariales y de trabajadores, mediante un Decreto Ejecutivo de 21 de julio pasado.
Panamá América tuvo acceso al documento, que indica que integrarán el Consejo: el Ministro de la Presidencia o el Director de la Unidad de Análisis Financiero, la Procuradora o un Fiscal Anticorrupción y el Contralor o el Director de Auditoría General de esa dependencia.
También el Ministro de Economía o el Director General de Ingresos y el Fiscal de Cuentas.
Otro de los excluidos es el Procurador de la Administración, quien no podrá participar de las reuniones que serán presididas por el Ministro de la Presidencia o el Secretario Ejecutivo.
El decreto no ha sido promulgado en la Gaceta Oficial, pero fuentes oficiales afirmaron que este requisito se cumplirá en los próximos días.
Nuevas atribuciones.El decreto también le concede nuevas atribuciones al Consejo. Ahora podrá pedir la destitución de funcionarios que directamente o por medio de terceros, "impida, obstaculice o retrase el cumplimiento" de investigaciones.
Además, podrá examinar la gestión administrativa de cualquier dependencia del Gobierno Central y de las empresas públicas y mixtas en las que el Estado tiene participación, como en el caso de Cable & Wireless, Unión Fenosa y Elektra Noreste.
Esta investigación se podrá realizar con una "orden" del Órgano Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de la Presidencia.
El secretario Anticorrupción, Fernando Núñez Fábrega, podrá investigar a funcionarios “sin funciones específicas” (botellas), sobreprecios en compras del Estado y exceso de procesos burocráticos.
Asimismo, podrá presentar ante las autoridades competentes denuncias formales de corrupción y hasta constituirse en querellante con previa autorización de la entidad afectada y del Ministro de la Presidencia.
Rechazo.Por su parte, algunas de las organizaciones excluidas lamentaron lo que calificaron como una “drástica” medida del Gobierno, y plantearon que es "preocupante" que no exista "fiscalización" externa para los casos de corrupción.
El decreto excluye del Consejo al Consejo Nacional de la Empresa Privada, al Comité Ecuménico de Panamá, al Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CoNATO), a los medios de comunicación social y a organizaciones que desarrollan programas sobre ética y transparencia.
Representantes del CoNEP, CoNATO y el Comité Ecuménico de Panamá manifestaron que no se les dio participación en la discusión del nuevo Decreto Ejecutivo.
Advierten que ahora el país quedará a la "buena voluntad" de los funcionarios que integran el Consejo Nacional Anticorrupción.
