La Conferencia Episcopal Panameña (CEP) solicitó ayer al Gobierno Nacional la creación de una Comisión de la Verdad y Reconciliación.
El reciente hallazgo de restos humanos en fosas clandestinas ubicadas en el antiguo cuartel de Los Pumas, en Tocumen, ofrece la oportunidad de restañar heridas que, ante la impunidad, aún permanecen abiertas, manifestó un comunicado emitido ayer la CEP.
El organismo que integran las máximas autoridades de la Iglesia Católica de Panamá insistió en que "solicitamos que se nombre, cuanto antes, por parte del Ejecutivo, una Comisión de la Verdad que, sin suplantar, ni interferir con los organismos competentes del Estado, ayude a esclarecer los hechos, y promueva la adecuada justicia, a fin de obtener para los panameños el ansiado don de la reconciliación y de la paz que son fruto de la justicia".
"Como Iglesia, asumimos la sugerencia de monseñor Marcos Gregorio McGrath, y de la Comisión de Reconciliación Nacional, a raíz de la invasión norteamericana, de crear un organismo o algunos mecanismos que sirvan para promover la adecuada justicia y la efectiva reconciliación", señaló un comunicado que emitió ayer por la CEP.
Por su parte, el procurador José Antonio Sossa indicó ayer que el Ministerio Público no investigará a nadie por los homicidios de las personas que fueron sepultadas en las fosas clandestinas ubicadas en los terrenos del antiguo cuartel de Los Pumas, en Tocumen, hasta conocer la identidad de esos cadáveres.
Mientras que la influyente organización Human Rights Watch aplaudió a la presidenta Mireya Moscoso por los esfuerzos que hace para descubrir la verdad acerca de los crímenes y las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la época del régimen.
En una carta dirigida a Moscoso, Human Rights Watch indicó que "al ordenar la investigación, su gobierno ha adoptado una medida importante para el cumplimiento de su obligación fundamental".
José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch, sostuvo que "le instamos a que la investigación no quede ahí y que la amplíe a las muchas otras presuntas violaciones que tuvieron lugar en las últimas décadas".
En tanto, el procurador Sossa informó que el próximo 13 de enero intentarán extraer ADN de las dos osamentas humanas encontradas el mes pasado en los predios del antiguo cuartel militar, para compararlos con los datos genéticos de los familiares de los desaparecidos, con el propósito de identificar los cadáveres. Sin embargo, el funcionario no especificó cuánto tiempo tardará la identificación de los restos humanos sepultados en las fosas clandestinas de Tocumen.
En conferencia de prensa, el procurador criticó a los medios de comunicación social por "sugerirle" que se adelante a practicar diligencias, como la indagación y conducción de sujetos que supuestamente pueden estar relacionados con los asesinatos de personas durante la dictadura militar, las cuales fueron sepultadas presuntamente en fosas clandestinas ubicadas en los terrenos del cuartel militar.
Primero tenemos que saber quiénes son las personas sepultadas, cuándo y en qué circunstancias desaparecieron, para luego elaborar una teoría de posibles vinculaciones de responsables del crimen, y solo entonces se dará lugar a citaciones y conducciones, explicó el jefe del Ministerio Público, en la primera conferencia de prensa convocada por esta institución para dar informes sobre las investigaciones de estos crímenes.
En tanto, el fiscal auxiliar Carlos Augusto Herrera dijo que el Ministerio Público aún no puede ordenar la conducción del exmayor de las Fuerzas de Defensas, Heliodoro Villamil, pese que una placa militar con el nombre y las generales de este militar fue encontrada, hace dos semanas, en las cercanías de tumbas clandestinas descubiertas en el cuartel de Los Pumas.
Todavía no se puede determinar si la placa de Villamil se encontraba en una de las fosas, debido a que se removieron centenares de metros cúbicos de tierra "de un lado a otro", además no se ha identificado los restos humanos, sustentó Herrera.
"La seriedad de la investigación nos tienen que llevar a nosotros a primero definir si hay algún expediente archivado. Segundo, estamos tratando de aplicar un convenido, que Panamá es signatario desde 1994, sobre desaparecidos forzados que dice que no hay prescripción", recalcó Herrera.
El procurador también negó que haya fricciones entre él y la mandataria Mireya Moscoso. Hemos recibido muestra de rotundo respaldo y apoyo de la presidenta, aseguró el funcionario.
No obstante, Sossa afirmó que fue él, y no la mandataria, el que ordenó el restablecimiento de las excavaciones en los terrenos del antiguo cuartel militar de Los Pumas. Moscoso dijo que había dado instrucciones para que volvieran a realizarse las excavaciones.
De acuerdo con Sossa, desde que se encontraron las dos primeras osamentas, en agosto de 1999, el Ministerio Público nunca suspendió las investigaciones.
En cuanto a la creación de la Comisión de la Verdad, dijo que el Organo Ejecutivo debe señalar cuál será su propósito y advirtió que el Ministerio Público continuará realizando sus pesquisas independientemente.
"De crearse una comisión, por el Ejecutivo, realizará la función correspondiente al órgano político al que está adscrito", indicó.
No obstante, el procurador evitó exponer con claridad su posición sobre la Comisión de la Verdad. Se limitó a indicar que sería una "comisión de un órgano del Estado ajeno a los órganos que administran justicia en el país". "Si se crea o no, con las funciones características y denominaciones que se quieran, es potestad de otros órganos del Estado y ellos son los que deben decidirlo y señalar cual es su cometido, lo cual a nosotros no nos corresponde determinar", sostuvo Sossa.
De acuerdo al procurador, que la creación de una fiscalía especial para investigar las crímenes durante el régimen militar si al ministerio público se le otorga un presupuestos de B/. 100 anuales para este propósito.
Igualmente, Sossa indicó que no ha recibido presiones para conducir las investigaciones y las excavaciones en Tocumen, de una manera determinada. Agregó que la única presión sobre el Ministerio Público es la de La Prensa", diario al cual fustigó, al denunciar una supuesta campaña organizada en su contra.
Sostuvo que el Ministerio Público también investiga la ubicación de fosas clandestinas que pudieran contener víctimas de la invasión estadounidense de 1989.
Explicó que el expediente del crimen de Heliodoro Portugal está a cargo del fiscal tercero superior, Rolando Rodríguez. Las investigaciones de los casos de los cadáveres sin identificar están bajo responsabilidad del fiscal auxiliar, quien eventualmente los compartirá con el fiscal cuarto superior Dimas Guevara.
En tanto, un informe que hizo circular ayer el Ministerio Público establece que sólo se han encontrado los restos humanos de cuatro personas. Se trata de restos óseos humanos antiguos (más de 20 años) y bastantes deteriorados, y no de un esqueleto completo, detalla el documento.
Añadió que la falta de elementos óseos de la pelvis y de la cabeza impiden la determinación primaria del sexo.
