Objeción no incluyó a los artículos mordaza

MAGALI Castillo, directora Ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, recibió con satisfacción la decisión del mandatario de objetar artículos relacionados con el tema de la corrupción, enfatizando que deben aumentarse las penas para estos delitos así como se incrementaron las sanciones para otras figuras delictivas tipificadas en el Código Penal.
En cuanto a los artículos relacionados con la libertad de expresión, el ministro Real resaltó que el presidente Torrijos ha sido muy responsable desde el principio de su administración, destacando que el Gobierno ha mantenido un equilibrio en lo que es la libertad de expresión y los derechos del resto de los ciudadanos.
La decisión del Ejecutivo de no objetar los artículos 164 y 420, cayó como un balde de agua fría a los miembros del Colegio Nacional de Periodistas, que a través de su presidente electo, Jean Marcel Chéry, cuestionó esta determinación señalando que se ha demostrado que el "presidente contradice y nos da la impresión de que no podemos confiar en lo que diga o lo que promete".
Chéry recordó que en el 2005, en una reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el presidente Torrijos manifestó que iba a proponer cambios a la legislación para que hubiese en el país una plena libertad de expresión.
"Con esta decisión del presidente hay un retroceso significativo a la libertad de expresión, además, al no vetarse estos artículos, va a existir una amenaza para el ejercicio del periodismo.
El periodista se va a autorregular por temor a ser demandado y se incrementarán las demandas contra los periodistas", advirtió.
Los gremios periodísticos pidieron que se objetara el Artículo 166 porque se limitaría publicar una información que tenga interés público, aún cuando ésta pueda ser considerada por algunos como información privada.
"Los funcionarios pueden escudarse en estos artículos para evitar someterse al escrutinio público", dijo.
También cuestionaron el Artículo 420, que establece penas de dos a cuatro años a quien revele información confidencial de acceso restringido, así declarada en virtud de las disposiciones legales vigentes, referente a la seguridad del Estado.
El ministro Real informó también que se recogió la inquietud de algunos sectores, para que se sancione penalmente la falsificación de registros sanitarios o de importación de productos médicos.
Recientemente durante la reunión anual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) realizada esta vez en Cartagena, Colombia, se pidió al presidente Martín Torrijos vetar los artículos que obstaculizan el ejercicio del periodismo.