La empresa española Makiber S.A. presentó un reclamo ante el Ministerio de Educación, por la adjudicación de la licitación para el equipamiento de laboratorios de ciencias naturales de la Educación Media en la modalidad "llave en mano".
Mediante la firma Brandao, Granda y Asociados, Makiber S.A. solicitó a la ministra de Educación, Doris Rosas de Mata, que reconsidere el resuelto 189 del 29 de marzo del año en curso, mediante el cual se adjudicó esta licitación al consorcio "TSD Eduinter", ya que el pliego de cargos fue modificado para favorecer a una de las empresas.
La compañía demandante también se pregunta ¿cómo el Ministerio de Educación pudo adjudicar esta licitación a una empresa cuya oferta sobrepasa por aproximadamente 2.3 millones de balboas, la de Makiber S.A.?
Sostiene que las especificaciones técnicas contenidas en el pliego de cargos fueron copiadas en su totalidad de los catálogos que suministró el consorcio TSD Eduinter, lo que a juicio de Makiber S.A. no es más que una "contratación directa disfrazada de licitación pública".
En el documento de solicitud de reconsideración la empresa demandante sostiene que las especificaciones técnicas contenidas en el pliego de cargos y la addenda que sirvieron de base, se refieren a productos con características determinadas en centímetros y decímetros calcando todas las especificaciones de los productos de una las empresas participantes (Consorcio TSD Eduinter).
El jurista José Nelson Brandao, quien presentó el recurso de reconsideración a nombre de Makiber S.A., destacó que esta situación es considerada anómala porque viola diferentes normas de la Constitución Nacional y la ley de contrataciones públicas.
Añadió que esta situación le fue comunicada a la titular de Educación el 1 de febrero, sin embargo, a pesar de ello se emitió la resolución adjudicando la licitación a TSD Eduinter.
Brandao sostiene que al redactar un pliego de cargos señalando requisitos que sólo una empresa puede cumplir, el Ministerio de Educación incurrió en la violación del artículo 3 de la ley de contrataciones públicas, ya que la falta de "reglas objetivas y justas" impidieron la participación de todos los proponentes en igualdad de condiciones.