La Asamblea Legislativa podría disponer que las declaraciones de renta de los funcionarios o empresas que reciben donaciones del Estado sean abiertas a fin de que cualquier ciudadano pueda ver cómo se manejan estos recursos, informó ayer el legislador Jerry Wilson, presidente de la Comisión de Gobierno.
Indicó que éstas son parte de las propuestas que se han hecho ante esta instancia en el marco del proyecto de presupuesto del Derecho a la Libertad de Información derivado de las Fuentes Públicas en discusión en primer debate.
Mediante este proyecto de ley se dispone que las instituciones del Estado están obligadas a brindar a cualquier persona información sobre el funcionamiento y las actividades que desarrollan, salvo aquellas que se consideran de carácter confidencial.
Según la propuesta en discusión, se considera material de "acceso restringido", las memorias de negociaciones diplomáticas internacionales, los expedientes y archivos de la Dirección de Investigación e Información Policial (DIIP), los archivos del Consejo Nacional de Seguridad, los registros del Servicio de Protección Institucional (SIP), así como las actas, y notas del Consejo de Gabinete, el presidente y los vicepresidentes de la República.
El proyecto de ley establece, entre otras excepciones, la información de seguridad nacional, secretos comerciales obtenidos por el Estado producto de la regulación de actividades económicas, asuntos relacionados con la privacidad individual (incluidos archivos médicos).
También se incluyen como excepciones lo relacionado a los procesos judiciales hasta que no queden ejecutoriados, los yacimientos minerales, los asuntos que se relacionan con investigaciones de la Fuerza Pública, la Policía Técnica Judicial, el Ministerio Público, Aduanas, el Ente Regulador de los Servicios Públicos y la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC).
Wilson indicó que el resto de la información que no se establece en las excepciones o informaciones restringidas son de conocimiento público y por lo tanto la institución pública debe hacerla de conocimiento de cualquier periodista o ciudadano que la solicite por los canales adecuados.
Aunque todavía no ha sido aprobado el proyecto, la propuesta original dispone que entre las sanciones para los funcionarios que violen esta norma están una multa mínima de cinco veces el salario y una máxima de veinte veces. Incluso se habla del despido del funcionario o sanciones penales para quienes no cumplen estas normas.
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