El secretario general del Sindicato Unico de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), Genaro López, acusó al ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), Joaquín José Vallarino, de instar a la empresa Proyectos y Construcciones S.A. (PYCSA) a despedir a los trabajadores afiliados a su organización y contratar a obreros de otro grupo.
La declaración de López surge en momentos en que unos 75 obreros que laboran en la segunda fase de la construcción del Corredor Norte se declararon en huelga, luego que la compañía mexicana anunciara la finalización de contratos sin que se hubiese cumplido con las normas y en muchos casos los trabajadores cesados ni siquiera recibieran las copias de sus contratos.
Para López la empresa PYCSA, responsable de la construcción del proyecto, está violando el artículo 16 de la Ley 72 en lo que se refiere a los cálculos de la liquidación y que ésta tiene que coincidir con el cierre de planillas y con su correspondiente preaviso.
Manifestó que también se ha dado una situación irregular con trabajadores que fueron contratados por un subcontratista, pero éste no estaba cumpliendo y ahora PYCSA quiere desconocer el acuerdo laboral.
Denunció lo que consideró una nueva intromisión del titular de Trabajo en la contratación de los trabajadores por parte de las compañías. Advirtió que los obreros que están afiliados al SUNTRACS que laboran en otras empresas se encuentran en estado de alerta "porque este es un asunto que no se puede permitir".
La presión que ejerce el ministro Vallarino para que las empresas contraten a trabajadores afiliados a otros grupos sindicales busca debilitar al SUNTRACS. López fundamentó sus acusaciones porque un dirigente sindical expresó en el centro de trabajo que había llegado allí para hacer una labor y esa situación ya había sido advertida por la organización obrera.
"Hemos recibido una propuesta económica para el pago de las horas extras, en donde ellos querían que se les pagará B/.200.00 por turno de ocho horas extras por disponibilidad, y B/.250 los fines de semanas, lo que representa un incremento entre B/.4 a B/.6 mil mensuales", agregó.
En los hospitales de la capital las horas laborables son de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., luego de las 3:00 p.m. a 7:00 a.m. del día siguiente se consideran turnos extras.
Sólo el 5.2% de los residentes en las comarcas no son pobres, y en su mayoría no son indígenas.
Obviamente los indígenas perciben menos ingresos que el resto de los panameños. Los ngöbe recibían en el año 2000 un promedio de B/. 141 anuales por persona, los kuna B/. 399, los emberá B/. 413, los wargandi B/. 595 y los madungandi B/. 980.
Pero no solamente los recursos económicos se concentran en el capital, también las decisiones políticas.
El sociólogo Leis, también director del Centro de Estudios y Acción Social Panameño (CEASPA), indicó que en hay una alta concentración político-administrativa en la ciudad de Panamá. "Tenemos un récord: Panamá es el país más centralista de América Latina, porque apenas el 2% del Presupuesto General de la Nación es destinado a los municipios y la mitad de eso va a parar al Municipio de Panamá", dijo el sociólogo.
"Como no va haber pobreza en el campo, si el 1% del presupuesto de la Nación se divide en los restantes 74 municipios del país... eso da vergüenza, porque es el único país de Latinoamérica en que pasa eso", añadió
Las decisiones económicas y políticas, los medios de comunicación... todo está en la ciudad capital. Además, el 60% de los municipios son subsidiados con los pocos recursos que el Gobierno les destina a esas entidades, porque no tienen capacidad para generar sus propios recursos.
Como la mayoría de los alcaldes y representantes del interior no tienen funciones -porque no tienen recursos- quedan reducidos a autoridades de policía, y por eso la comunidad los rechaza.
El campo está olvidado y en con este, el 42% de sus residentes, afirmó Leis.
La mala distribución de las riquezas, y la desigual generación de estas, es una prueba de que el modelo de desarrollo económico de Panamá fracasó. Y esto ha causado una extensa brecha entre el campo y la ciudad, consideró el director de CEASPA.
"Fracasó porque en el campo hay problema de tenencia de tierra, falta infraestructura, hay ausencia de caminos, baja comercialización y poco acceso al crédito para el campesino... en conclusión tenemos un campo abandonado", insistió Leis.
Explicó que los campesinos pobres no son sujeto de crédito, ni estatal ni privado, principalmente porque el 70% de ellos no tiene sus tierras tituladas, lo cual sería la única garantía para acceder a financiamiento. Ante esta situación, al campesino no le queda otra que pedirle al agiotista.
Aunque se habla mucho de producción de rubros no tradicionales, el campesino pobre sigue cultivando otoe, yuca, arroz y maíz, entre otros productos convencionales, y cuando cosecha no tiene medios para comercializarlo.
El director de CEASPA puso como ejemplo que en Darién un ciento de plátano es vendido a B/. 1.00, y en la ciudad cuesta B/. 12.50.
Si ese campesino tuviera los recursos para transportar su producto hasta la capital obtendría más ingresos, pero como no puede, tiene que venderlo a un intermediario, y éste a otros, hasta que finalmente aquí -en la capital- se venden dos plátanos por 25 centésimos.
Todas estas condiciones adversas, han provocado que el 50% de los residentes en el campo ya no se dediquen a la agricultura, es decir, "la mitad de los campesinos, ya no son campesinos, ahora arreglan llantas, son funcionarios públicos o cuidan casas".
Actualmente hay un cambio en la composición del campesinado panameño, concluyó Leis. La gente del interior empieza a abandonar la agricultura y cuando deja de trabajar la tierra es más fácil ir a la ciudad, en busca de mejores oportunidades.
(Primera de dos entregas)
