El sector obrero designó a sus representantes en la Comisión Nacional de Salario Mínimo, en tanto que la parte empresarial aún no ha confeccionado la lista con los nombres de sus delegados, a pesar que el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Joaquín José Vallarino, aseguró que este trámite se cumpliría la semana pasada.
Los obreros estarán representados en la comisión por Genaro López, de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independientemente (CoNUSI); Rafael Chavarría, de la Confederación Nacional de Trabajadores de la República de Panamá (CTRP); Alfredo Berrocal, de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP), como principales, y Amado Abrego, de la Central Nacional de Trabajadores de la República de Panamá (CNTP); Isidro Martínez, de la Central General de Trabajadores de la República de Panamá (CGTP), y Osvaldo Hurtado por la Federación Sindical, como suplentes.
El secretario general de la CoNUSI, Gabriel Castillo, señaló que aún los trabajadores no tienen una propuesta definida sobre cuál será su posición en las futuras conversaciones con los demás sectores de la mesa de diálogo de la Comisión Nacional de Salario Mínimo.
La propuesta de los obreros será basada en los resultados que se obtendrán del análisis que hacen técnicos contratados por los trabajadores sobre el costo promedio de la canasta básica familiar.
Por su parte, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), Juan Francisco Kiener, manifestó que aún los empresarios no han designado las ternas de principales y suplentes que los representarán en esta comisión, y ante los anuncios de que los trabajadores exigirán un salario mínimo de B/.700.00 mensuales, precisó "no sabemos en qué país están viviendo".
Agregó que con el nivel de desempleo que existe, exigir un salario mínimo por esa cifra es para que se produzca una crisis espantosa.
En la Comisión de Salario Mínimo participan además tres representantes por parte de la patronal, técnicos y asesores del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de la Contraloría General de la República y del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL).
Al respecto, el ministro Vallarino hizo un llamado para que los que participen en esta discusión lo hagan de forma responsable, pero con respeto, de manera que se permita el intercambio de ideas escuchando la opinión de ambas partes.
No obstante, aclaró que se les recomienda a las familias afectadas dirigirse al MIVI para tratar de obtener por las vías legales una solución habitacional. Existen invasiones de tierra que han estado por más de 20 años, ocupando las parcelas, sin título de propiedad.
Ese es el caso de la 4 de Febrero de Bique, con más de 50 viviendas, al igual que San Agustín con unas 80 familias, quienes ocupan terrenos a orillas del entronque de la autopista y la Interamericana. Otra de las invasiones de tierra que preocupa a las autoridades municipales es la de la barriada El Gringo, área revertida, integrada por 43 familias que construyeron pequeñas casitas improvisadas, de madera y zinc, en terrenos reclamados por el IDAAN.
La institución aduce que se trata de áreas de servidumbre para la instalación de tuberías de un tanque de reserva de 1 millón de galones de agua, que forma parte de las obras complementarias de la planta potabilizadora Laguna Alta. Por su parte, la funcionaria del MIVI sostuvo que quienes invadieron el sector conocido como San Agustín se han acercado a la institución a solicitar una solución habitacional y luego de comprobar que presentan la necesidad, se les ha reubicado en La Alameda, también en áreas revertidas.
La coordinadora de la oficina de enlace asevera que en tres ocasiones anteriores el MIVI había reubicado a las familias que invadieron los terrenos de San Agustín, destinados para un proyecto vial hacia las áreas revertidas, pero nuevamente fueron invadidos. La funcionaria coincidió en que la institución no lleva un registro pormenorizado de la cantidad de precaristas invasores de tierra en el distrito de Arraiján.
