Washington.- Aunque en Latinoamérica existe mayor libertad de expresión que en años anteriores, "asesinatos, ataques y amenazas contra periodistas ocurren con frecuencia y gran número de Estados continúan sin adoptar las medidas necesarias para lograr que estos crímenes no queden impunes".
Así se pronuncia el informe Anual sobre Libertad de Expresión en las Américas preparado por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos.
Durante 1999, según la Relatoría, hubo seis casos de asesinatos de periodistas, cinco en Colombia y uno en Argentina.
"Estos se suman a los cientos de casos de asesinatos a periodistas en las Américas en la última década y que en la gran mayoría de los casos los autores de los crímenes han permanecido impunes", destaca el informe firmado por Santiago A. Cantón, el Relator para la Libertad de Expresión.
En el caso de Panamá, Cantón hace referencia a la derogación de algunas "leyes mordaza" como "un importante paso adelante del Gobierno panameño en la desarticulación del andamiaje legal restrictivo de la libertad de expresión".
Por otra parte, el informe hace mención a dos países donde peligra la libertad de expresión, Cuba, Perú y Venezuela.
De Cuba el informe dice simplemente que "no existe libertad de expresión, añadiendo "mientras no se produzcan cambios que conduzcan a una democratización del país y reconocimiento de los demás derechos fundamentales, es imposible el desarrollo del derecho a la libertad de expresión".
En Perú, el Relator Especial considera que no existen las garantías necesarias para el ejercicio pleno de la libertad de expresión, factor que ha sido destacado en relación a la campaña electoral controlada por el gobierno del presidente Alberto Fujimori, quien pretende una tercera reelección.
Según el informe, "la limitación principal a la libertad de expresión se encuentra en la existencia de un plan sistemático de hostigamiento por parte de los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad que han ido desde las amenazas y el descrédito personal hasta actos que constituyen serias violaciones a los derechos humanos".
En el informe se menciona asimismo la preocupación de la Relatoría por la incorporación del artículo del derecho a la "información veraz" en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
"Esta doctrina produce precisamente el efecto opuesto al que supuestamente sus promotores argumentan como fundamento para su aplicación. "Es decir, la búsqueda de la verdad en la información se ve seriamente limitada al impedirse el libre flujo de la misma como consecuencia del temor a las sanciones que se puedan imponer", indicó.
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