Oficialismo estaría asegurando control de notarías con un proyecto de ley

Lo que se proyecta como una propuesta de ley para regir las notarías y darle mayor transparencia, podría convertirse en una alternativa que represente beneficios económicos para los partidos políticos, en este caso del Gobierno. Se trata de una iniciativa donde la ministra de Gobierno María Luisa Romero ha señalado que busca mejorar el servicio que brindan los notarios a todos los ciudadanos y para fortalecer la seguridad jurídica. La ministra explicó ayer martes durante la discusión del proyecto en primer debate que el proceso notarial es muy esencial para las declaraciones comerciales tanto de familiares como empresas, la cual será consultada con los notarios y así lograr agilizar un debate. VEA TAMBIÉN: Notarías serán vigilantes de evasión fiscal Para ello se ha creado una subcomisión para estudiar proyecto de Ley 119, el cual organiza las notarías públicas y dicta otras disposiciones. Sin embargo, en años recientes, las notarías han sido ocupadas por personas claves que responden a partidos políticos y generan ganancias importantes procedentes en algunos casos de terrenos y propiedades. En este sentido, se ha denunciado sobre fincas registradas a nombres de terceros, donde luego los verdaderos dueños han reclamado al Registro Público, pero sus titulares están ligados a la parte política y sus denuncias no prosperan. Abogados han sustentado que gobierno tras gobierno el patrón ha sido otorgarle notarías a personas allegadas al poder los cuales acceden a lo que producen, y cuyos administradores son abogados que en ocasiones trabajan en doble función. Solo en el interior del país las notarías pueden devengar ingreso superiores a los $25 mil mensuales, mientras que en la capital pueden acceder a $50 mil. VEA TAMBIÉN: Panameñismo desvió miles de dólares en tres notarías En noviembre de 2011, Panamá América dio a conocer en un reportaje como las notarios de Colón, Coclé y Los Santos eran utilizadas por el Partido Panameñista a través de una estructura para desviar dinero en actividades proselitista de ese colectivo. Llama la atención que desde que asumió el cargo de presidente, Juan Carlos Varela prometió modificar el la ley que rige las notarías y hacer nombramientos por méritos de laspersonas que tengan esta responsabilidad, y que sus ingresos sean utilizados para financiar obras que programe el gobierno. Dichos ingresos provendrían de la automatización y almacenamiento de escrituras y archivos públicos y privados. Es decir, de agencias y sociedades que mueven millones de dólares en la actualidad y que en los últimos años han sido foco de atención por agentes internacionales que cuestionan actos fiscales y notarial que contribuyen al blanqueo de capitales, evasión fiscal, financiamiento de terrorismo.