Los legisladores de los partidos oficialistas se negaron ayer a aprobar una resolución mediante la cual se ordenaba la conformación de una Comisión de Investigación que se encargaría de conocer todo lo referente a los presuntos "pinchazos telefónicos", denunciados por los medios de comunicación social.
Esta propuesta fue iniciativa del legislador Aníbal Culiolis, miembro del Partido Popular, y fue secundada por su copartidario, Erick López, además de Miguel Bush, Pedro Miguel González, Eddy Londoño, Carlos Smith, Enrique Castillo y José Félix Cárdenas.
Al momento de someter a consideración del pleno la propuesta, los legisladores oficialistas, incluyendo a varios de los "disidentes" del PRD, se negaron a alterar el orden del día para discutirla.
La propuesta recibió 37 votos en contra, sólo tuvo el apoyo de diez legisladores, en su mayoría miembros del PRD. Entre los legisladores del PRD que se negaron a apoyar la iniciativa se destacan Manuel De La Hoz, Olivia de Pomares, Arcelio Batista y Luis Lombardo, suplente de César Pardo.
José Blandón Figueroa, legislador arnulfista, expresó que en estos momentos el país y la Asamblea Legislativa tienen muchos asuntos pendientes como para dedicarle tiempo a éste que es producto de una nota cuya autenticidad ha sido negada por las autoridades correspondientes.
La resolución establecía que la Comisión de Investigación tendría como misión recabar toda la información pertinente de los estamentos públicos y particulares para luego rendir un informe al pleno de la Asamblea Legislativa, sobre todo, lo referente a la presunta intervención de teléfonos y celulares de dirigentes políticos, empresarios, periodistas, legisladores y otros funcionarios.
En tanto, el secretario general del Frente Nacional Contra la Corrupción, Enrique Montenegro, solicitó al procurador José Antonio Sossa investigar cuatro sitios manejados por autoridades gubernamentales desde donde supuestamente se ejecutan labores de espionaje telefónico.
Montenegro sostuvo que ha recibido informes de que en el edificio de la antigua Comandancia de la Base de Howard operan oficinas del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional dedicadas a esta actividad.
Explicó que en la primera planta opera una oficina de crisis de la seguridad nacional, en la cual se actualizan perfiles psicológicos de más de 400 panameños y extranjeros.
Alegó que según sus informantes en el sótano de dicho edificio están las máquinas de grabación de las conversaciones o comunicaciones telefónicas y celulares, tal como se realizaba durante la dictadura militar.
Precisó que adicionalmente y en coordinación con esta oficina, existe el Centro para la Información y Coordinación Conjunta (CICC), cuyo director es el ex director de la PTJ, Jaime Abad, en el que se autorizan los operativos de seguimiento a políticos, empresarios, periodistas, dirigentes sindicales y gremiales.
Agregó que tiene información que el Consejo de Seguridad cuenta con tres máquinas chicas portátiles que son operadas en camionetas con vidrios polarizados pintadas de blanco con una franja azul, que son estacionadas frente a oficinas o residencias de las personas que se quieren grabar.
Indicó que estos aparatos funcionan por microondas, fibras ópticas, antenas y micrófonos parabólicos. A la vez pidió al procurador establecer para qué se utilizan las instalaciones y el equipo del Campo de Antenas, ubicado en la carretera hacia Corozal, donde también opera el Centro de Operaciones en el edificio 470 y que le hace un informe diario a la Presidencia de la República de todo lo que sucede en el país.
Detalló que se le reportó que tres agencias de seguridad y detectives privados cuentan con máquinas de grabación portátiles adquiridas en Miami, cuyo costo está cercano a los B/.10,000 y pueden funcionar con ocho líneas telefónicas y de celulares, y que estarían operando ilegalmente.
Oficialistas rechazan investigar "pinchazos"
Disidentes del PRD se unieron a los legisladores gubernamentales y votaron en contra.