Oficina Especial evaluaría servicios de electricidad y telefonía

Ante las constantes quejas de la población insatisfecha por los servicio de electricidad y telefonía que prestan las empresas privatizadas, la Defensoría del Pueblo evalúa la creación de una Oficina Especial, informó el titular de la entidad, Juan Antonio Tejada Espino.
Fuentes de la institución indicaron que el próximo 6 de mayo se realizará una reunión en la institución para tratar el tema y uno de los planteamientos que se vienen haciendo constantemente es la necesidad de revisar la legislación que rige y determina las funciones del organismo regulador, el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSP) dada la preocupación ciudadana de que no está cumpliendo las funciones para las que fue creado.
A juicio de Tejada Espino, este gobierno o el próximo, deberá renegociar algunos aspectos de los contratos de concesión de los servicios públicos.
Se informó que Mónica Johanna Guillén Cedeño, fue designada como delegada Especial del Defensor del Pueblo para los Servicios Públicos y a través de esta oficina se harán los llamados a los diversos sectores descontentos con las empresas privadas que prestan servicios públicos en Panamá.
En esta instancia se deben analizar aspectos como la existencia de una efectiva política energética, funciones del organismo regulador, fallas en las bases jurídicas que rigen el sector, así como posibles cambios y propuestas legislativas, fortalecimiento de las organizaciones de consumidores y usuarios de los servicios públicos, entre otros.
La oficina especial de la Defensoría del Pueblo para tratar aspectos relacionados con los servicios que prestan las empresas privatizadas, busca servir de instrumento para lograr la discusión y posteriormente un consenso de las acciones necesarias para ir construyendo las bases para que el Estado ejerza su papel de equilibrador de los intereses de los usuarios y los de las empresas.
A la primera sesión de trabajo en la Defensoría del Pueblo han sido invitados representantes de las organizaciones de consumidores legalmente constituidas y reconocidas, de la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC), de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (UNCUREPA), y del Instituto Panameño de Derecho de Consumidores y Usuarios (IPADECU).
Además, se espera la presencia de representantes de la Asociación para la Protección de los Derechos del Consumidor y del Ambiente (ANAPRODECA), del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), de la Cámara de Comercio y de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), así como agrupaciones no reconocidas, entre otras.
Viola de González, directora de Vida y Motivación Estudiantil de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, indicó que desde hace muchos años regulan a las asociaciones estudiantiles a través de un reglamento de asociaciones o centros de estudiantes vigente desde 1978 se establece en su artículo 2 que, a través de la Dirección de Asuntos Estudiantiles en concordancia con los decanos, dotará de locales a las mencionadas Asociaciones y Centros de Facultad en aquellos casos en que las facilidades físicas así lo permitan sin afectar el normal funcionamiento de la actividad docente, administrativa y de investigación". Se necesita una reforma de dichos reglamentos y no se han concretizado porque hay resistencia a los cambios, aclaró González. Reconoció que muchos locales se han remodelado por las propias dirigencias estudiantiles y el problema se origina debido a que el presupuesto de la universidad se redujo y no es posible brindar algunos beneficios. Admitió que las asociaciones no pagan a la universidad ninguna suma en concepto de consumo de luz, agua y teléfono. González indicó que la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles trabaja con la autorización de los decanos y reconoció que es complejo controlar a más de 54 asociaciones estudiantiles de la Universidad de Panamá, en todas las provincias del país.
El profesor Eduardo Flores, Decano de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología, indicó que hay grupos estudiantiles muy responsables. Sin embargo, hay otros que son herederos de una tradición clientelista polítiquera que se trata de eliminar. Destacó que su facultad presentó al Consejo Académico hace un año, una propuesta para que a todos los negocios se les colocara un medidor de luz y la medida fue recriminada por ciertos sectores estudiantiles y reconocida por otros. Aclaró que existen grupos que tratan de aprovecharse de la universidad y otros que sí la respetan y valoran. Explicó que la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles es la instancia que regula la adjudicación de locales a las agrupaciones estudiantiles.
Flores se mostró orgulloso de varios logros de la Universidad de Panamá en materia de investigación científica y desempeño académico, el rostro auténtico de los universitarios, aseguró.