La Organización Internacional del Trabajo (OIT) acogió las denuncias por despidos masivos en el sector público, por parte del gobierno nacional, confirmó la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP).
Alfredo Berrocal, secretario de FENASEP, explicó que la información fue recibida por sendas notas de la OIT, y ante este hecho se tendrán que presentar documentos o pruebas complementarias, al tiempo que se le está trasladando una solicitud al Gobierno Nacional para que brinde las explicaciones correspondientes.
El dirigente indicó que la Organización Internacional del Trabajo también ha hecho ciertas recomendaciones al gobierno, aunque no detalló cuáles.
Señaló que las distintas administraciones del Estado se han caracterizado por no acoger las sugerencias, ya que éstas no son vinculantes.
En este sentido, consideró que las recomendaciones quedan sujetas a la discrecionalidad del Órgano Ejecutivo para su contestación.
Berrocal indicó que al menos la Procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, se ha pronunciado de forma sistemática de los abusos que se cometen en contra de los empleados públicos.
Denunció que las opiniones de la Procuradora tampoco son de obligatorio cumplimiento, por lo que están ante un escenario en donde no se toman en cuenta criterios legales, técnicos, científicos, para poner por delante de ello razones políticas en contravención con los convenios internacionales.
La FENASEP ha denunciado en reiteradas ocasiones que el gobierno de la presidenta, Mireya Moscoso, ha efectuado más de 20 mil despidos en el sector público.
Recientemente aseguró que tras la derrota electoral del oficialismo arreciaron los despidos en los ministerios de la Juventud, Presidencia, Educación, FIS, Radio Nacional y en la Televisora Educativa Canal 11.
Según se conoce, está en peligro de prescribir el caso denunciado en el año 2000, contra funcionarios del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) y miembros del partido Cambio Democrático por exigir el pago de cuotas.
El otro caso tiene como acusado al actual candidato al PARLACEN y miembro del MOLIRENA Waldo Arrocha, por supuestas violaciones a la normativa electoral, relacionadas con destituciones de funcionarios del Banco Hipotecario.
En este caso, la vista fiscal llamó a juicio a Waldo Arrocha y Alejandro Oviedo Lisauskas, en donde se señala lo siguiente: "las actuaciones investigadas evidencian una actitud política censurable desde la mirada civilizada de una sociedad que busca perfeccionar su democracia".
"La sola destitución en masa de funcionarios, sin mayores excusas, de las cuales la mayoría eran del mismo partido en oposición al gobierno, merecen toda nuestra crítica...".
El legislador Edy Londoño denunció a la legisladora electa del Partido Arnulfista, Mireya Montemayor, del circuito 9-5 de Cañazas-Las Palmas en Veraguas, por una supuesta compra de votos.
El arnulfista Hernán Delgado del circuito 8-4, anuncia que impugnará la elección de Tomás Gabriel Altamirano Duque Mantovani, del PRD, por un supuesto fraude en la Junta Circuital de Chepo.
El legislador arnulfista Carlos Santana del circuito 9-1 en Veraguas, impugnó la proclamación del candidato Rubén De León.
El fiscal electoral, Gerardo Solís denuncia la existencia de una chequera emitida por Contraloría General por más de B/. 100,000 a nombre de una junta comunal inexistente en la provincia de Darién. Supuestamente, estos y otros fondos favorecieron a legisladora re electa Haydeé Milanés de Lay.
La H.L. Teresita de Arias, del Partido Popular denunció ante la Fiscalía Electoral la posible compra de votos en el circuito 8-9 con cupones del Super 99. Ese día funcionarios de la entidad allanaron las oficinas del legislador Osman Gómez en Puerto Armuelles, Chiriquí tras una denuncia anónima de compra de votos para su reelección.
El ex magistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez Amado, atribuye los inconvenientes y denuncias que se originaron por la adjudicación de curules legislativas a la falta de preparación de las personas involucradas con el conteo. El fiscal electoral, Gerardo Solís, pide al Tribunal Electoral la anulación de las elecciones en el circuito 5-1 de Darién.
En el circuito 8-1 de Arraiján, miembros del PRD y el Partido Popular pidieron la revisión de las cifras para anular la proclamación del candidato José Pepe Hill.
La legisladora del PRD, Maribel Coco, presentó una impugnación contra el acto de proclamación del legislador Franz Wever, también del PRD, tras asegurar que en la Junta de Escrutinio hubo muchas irregularidades.
El legislador arnulfista Carlos Santana presentó una impugnación en contra del legislador electo Rubén De León del circuito 9-1 en Veraguas, porque unos simpatizantes de De León, irrumpieron en la Junta de Escrutinio y amenazaron a sus miembros para que hicieran una nueva proclamación.
El secretario general del Frente Nacional Contra la Corrupción, Enrique Montenegro, hizo pública unas supuestas pruebas que vinculan al legislador perredista, Carlos Alvarado, en un caso de compra de votos. Afirmó también que hubo malos manejos de dinero del Estado en juntas comunales de Las Tablas, Chitré, Los Santos, Aguadulce, Santiago, Chiriquí, destinados a becas, bonos de comida y hasta efectivo, para beneficiar a candidatos oficialistas.
El candidato a legislador del circuito 4-3 Santiago Fundora presentó una impugnación a la proclamación de la Sra. Jazmina Guillén de O Brien por presuntas anomalías en el conteo de 10 mesas y porque se anularon 3 de las 23 actas correspondientes.
La frustración por la derrota dio paso a la rabia y a la falta de control de algunos activistas políticos durante las pasadas elecciones.
Sus exabruptos no pasaron desapercibidos y afortunadamente fueron controlados por las autoridades competentes, quienes evitaron que pasaran a mayores.
Los más sonados son dos casos supuestamente provocados por activistas del partido Arnulfista.
Los culpables tendrán que ser juzgados, y dependiendo de la responsabilidad de cada uno de los involucrados, las penas que les aplicarán serán de hasta tres años de cárcel.
El corregimiento La Represa, en La Chorrera, fue uno de los escenarios. Allí golpearon a una funcionaria del Tribunal Electoral, quien tuvo que ser remitida a un hospital.
Los magistrados del Tribunal Electoral autorizaron el levantamiento del fuero electoral al representante Jorge Castillo García, acusado de irrumpir violentamente en la Junta Comunal de Escrutinio La Represa para apoderarse de las actas y así afectar el resultado de las elecciones.
El otro incidente sucedió en Chepo, cuando tres simpatizantes del candidato oficialista Hernán Delgado, atacaron a una delegada electoral. Ellos fueron condenados a 48 horas de arresto.
En Veraguas activistas del PRD y el Partido Arnulfista se empujaron y discutieron en la proclamación de los dos legisladores electos del circuito 9-1. Los policías evitaron que los revoltosos se tomaran la mesa de los miembros de la Junta Circuital de Escrutinio.
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