La octogésima novena conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), reunida en Ginebra, recomendó al Estado panameño la modificación del Código de Trabajo, atendiendo una queja presentada por el sector empresarial de que se garantice que las empresas sigan funcionando cuando los sindicatos se declaren en huelga.
Esta modificación ya había sido solicitada por la OIT al Gobierno desde el año pasado, pero esta vez reitera ese pedido en forma "inobjetable", o sea, que no está sujeto a discusión.
Sin embargo, a juicio de dirigentes sindicales el Estado no está obligado a cumplir con la norma, lo que obligaría a los sectores productivos del país, con la mediación del Gobierno, a buscar una solución.
Trabajadores y empresarios mantienen posiciones divergentes frente al tema porque los segundos reclaman el derecho de entrar a sus empresas aunque haya huelga, mientras que los trabajadores estiman que esta situación se prestaría para que el patrono evada sus compromisos laborales.
El sector sindical, que estuvo representado por Leandro Avila, de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP); Guillermo Puga, de la CTRP; y Sebastián Quiroz de la Federación Sindical, manifestó su rechazo a esta moción porque el código laboral ha sido reformado ya en cinco ocasiones y en ninguna de ellas se ha generado mejores condiciones de trabajo y más empleo.
Frente a esta situación, Avila no descartó que próximamente se pueda estar constituyendo en Panamá una comisión tripartita entre el sector privado, los trabajadores y el Gobierno para atender esta recomendación de reformas al Código de Trabajo hecha por la OIT.
Leandro Avila señaló que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) censuró que en el sector público se imponga la Unidad Sindical, al no permitir más de una asociación por institución.
Frente a esta queja, Avila señaló que el problema de los empleados públicos incluye la falta de un derecho a sindicación, a la negociación de una convención colectiva, al salario mínimo, así como la determinación del Gobierno de suspender la Carrera Administrativa y de destituir funcionarios
Por su parte, la presidenta del Consejo Nacional de Empresarias (CONADE), Nivia Rossana Castrellón, recordó que la posición del sector empresarial para que se modifique el Código de Trabajo de Panamá está contenida en la queja No. 1,931 porque la norma que no permite a las empresas seguir funcionando en medio de una huelga, va en contra del Convenio de la OIT sobre libertad sindical.
Aclaró que el Código de Trabajo prohíbe a los directivos y hasta trabajadores, entrar a las empresas en caso de huelga, situación que puede traer serias consecuencias porque pone en peligro las fuentes de trabajo y entorpece la calidad de las negociaciones porque no hay acceso a información que puede ser relevante en las conversaciones.
Según Castrellón, Panamá es uno de los pocos países donde existe esta disposición y en ese sentido el país debe ser respetuoso de los acuerdos internacionales y buscar la forma para cumplir con la recomendación de la OIT.
En tanto, el ex presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), Carlos Sucre, considera que la declaratoria de huelga no puede provocar el cierre de las empresas y tampoco prohibir que los trabajadores que desean seguir laborando lo hagan, porque "ese es un derecho que establece la OIT".
Sucre reiteró que en ese sentido el Código de Trabajo de Panamá viola la norma contenida en la convención en materia de libertad sindical.
Sucre aclaró que no ha tenido acceso aun a lo aprobado en Ginebra, sin embargo, señaló que esta es una controversia que ya tiene más tres años y que desde el año pasado la OIT llamó la atención del gobierno nacional sobre la necesidad reformar esta norma.
La representación tripartita panameña en la OIT estuvo integrada además por Walter Durling y Aurelio Liniero, del sector empresarial; Juan Antonio Ledezma por el sector gubernamental
En la reunión mundial celebrada en Suiza del 3 al 21 de junio, se abordan cuatro temas: seguridad social, el régimen de cooperativa, el régimen de agricultura y la comisión relacionada con la aplicación de normas.
