Al tiempo que reconoció que los altos costos de la energía eléctrica y de la telefonía también lo afectan, el defensor del pueblo, Juan Antonio Tejada, consideró que los servicios privatizados deben ser revisados por el Ejecutivo, debido a las constantes denuncias de los usuarios.
"Como ciudadano creo que sí", expresó el defensor, al preguntarle si los precios de los servicios lo afectaban. "Pienso que nadie considera que los servicios están baratos", agregó.
Consideró que el problema relativo a los servicios públicos privatizados es de gran preocupación, porque la inquietud de los ciudadanos es en torno a los costos y el poco acceso que se tiene a estos servicios, primordialmente por los costos.
"Queremos hacer un documento con miras a reclamarle al Estado panameño que de alguna manera equilibre esta relación que se traduce en desigualdad entre grandes prestadoras de estos servicios públicos y los ciudadanos que reclaman un mejor servicio a bajos costos", dijo Tejada.
Ayer se reunió la primera mesa de trabajo integrada por la sociedad civil y la Defensoría, con el fin de coordinar acciones para exigir el mejoramiento en la prestación de estos servicios, con una política energética nacional para lograr más beneficios para el consumidor, así como una rebaja sustancial en el costo de los mismos.
En la reunión estuvo presente la recién nombrada Delegada para los Servicios Públicos Privatizados de la Defensoría, Mónica Guillén, quien por instrucciones del defensor del pueblo tiene entre sus funciones atender las quejas de los usuarios de los servicios públicos.
"Nosotros esperamos que con el nombramiento de la delegada especial podamos canalizar todas estas inquietudes y hacer una presentación de un informe no politizado, sino profundo y equilibrado para que el Estado panameño atienda el clamor ciudadano", consideró el defensor del pueblo.
Expresó que no en todas las oportunidades, los ciudadanos expresan sus inquietudes por medio de denuncias, ya que sienten que son reclamos pendientes.
