La Organización Mundial de Comercio (OMC) declaró ilegal las medidas porturias y arancelarias que ha venido imponiendo el Estado colombiano a las importaciones provenientes de la Zona Libre de Colón (ZLC).
Durante su intervención, el país andino solicitó un término de más de un año para cumplir con el fallo proferido por la OMC, argumentando que necesitan reformar importantes disposiciones en la normativa aduanera y su Código de Comercio.
Por su parte, Panamá rechazó tajantemente estos argumentos y sustento que bajo la normativa actual en Colombia, se puede desmantelar las medidas ilegales de forma inmediata tal como hizo el vecino país en el 2006.
Para el ministro de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez, estas disposiciones tienen el objetivo de dilatar el cumplimiento por parte del gobierno colombiano. "No hay razón por la cual no puedan desmantelar las medidas, sobre todo las portuarias, de forma inmediata", aseguró.
Otra justificación de la delegación colombiana es que las medidas existentes se aplicaron para enfrentar el contrabando, la subfacturación, el lavado de activos y el narcotráfico que se da desde la ZLC y las mimas no pueden se desmanteladas sin que se implemente medidas sustitutivas.
Por su parte, la delegación panameña liderada por el Viceministro de Negociaciones Comerciales del MICI, Francisco Álvarez De Soto, dejó claro que Colombia está en su derecho para hacer las reformas que quiera para fortalecer su administración aduanera, pero no a expensas de incumplir con el fallo de la OMC.
El árbitro designado dictará el veredicto a más tardar el próximo 2 de octubre de este año, donde se definirá cuales serán los términos razonables dentro del cual Colombia debe cumplir con lo dictado por el fallo de la OMC y cuales fueron las razones para establecer dicho período de tiempo.
