Una campaña para nacionalizar la autopista Panamá - Colón y que sea gratis el tránsito por esa vía, iniciaron dos aliados políticos, Juan Carlos Varela, presidente del Partido Panameñista y Ricardo Martinelli, de Cambio Democrático (CD).
Ambos cuestionaron al gobierno nacional por el manejo de la concesión, así como el adelanto de B/.141 millones a la empresa Norberto Odebrecht.
Las críticas también fueron encaminadas al denominado "peaje sombra", pagado por el Gobierno a la empresa concesionaria, donde hay un subsidio por más de B/.100 millones del Banco Nacional de Panamá.
Los ataques de ambos dirigentes posteriormente fueron hacia el Código Penal, al cual calificaron de propiciar la "corrupción", por lo que pidieron su objeción.
Así mismo, Ricardo Martinelli tildó al actual Gobierno de mantener una dictadura civil.
Varela, por su parte, le reiteró al presidente Martín Torrijos que si desea ir a la reelección, que haga un referéndum, pero que "no va a ganar".
Ante los ataques, el ministro de Obras Públicas, Benjamín Colamarco, les dijo a sus opositores que no cayeran en "politiquería".
Acompañado del ministro de Economía y Finanzas, Carlos Vallarino, negó una dictadura civil y que se esté dando ventajas a las empresas privadas en el subsidio de los peajes.
Según Camacho, el proyecto de reformas penales, al haberse iniciado en sesiones extraordinarias, debió aprobarse en este periodo y no en las sesiones ordinarias iniciadas el pasado 1 de marzo.
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