La Corte Suprema de Justicia decidió mantener la orden de arresto emitida contra el ex asesor de la Asamblea Legislativa, Nestor Tomas Guerra, implicado en el presunto delito de peculado contra esa institución por un monto de B/.31,000.
De acuerdo con la investigación adelantada por la fiscalía primera anticorrupción, Guerra participó en la supuesta contratación de personal para la Asamblea Legislativa, pero no prestaron sus servicios.
Según las investigaciones, Guerra fue la persona que entregó a Delia Lineth Rodríguez, ex jefa de Planillas de la Asamblea, la numeración para la elaboración de los contratos.
En la investigación adelantada por la fiscalía, se realizaron contratos a favor de personas que no sabían leer ni escribir.
También se informó que los beneficiarios de los nombramientos por servicios profesionales nunca presentaron informes del avance de sus labores.
En las pesquisas quedó demostrada la malversación de los fondos por parte de los investigados, ya que la mayoría de los cheques fueron entregados a Delia Lineth Rodríguez.
Se comprobó que en el libro de control de los contratos no aparecen los nombres de las personas a quienes correspondían.
Los pagos fueron retirados en su mayoría en la sucursal del Banco Nacional de Transístmica y se hacían efectivos por terceras personas.
Incluso, algunas de las firmas de los supuestos beneficiarios de los cheques fueron falsificadas por quienes realizaban las transacciones.
Algunos testigos citados por la fiscalía señalaron que existía un compromiso de realizar un seguimiento de los funcionarios empleados en la Asamblea por contrato, pero esta supervisión nunca se efectuó a las contrataciones realizadas bajo la numeración 227 al 275, por que eran manejados en la Presidencia de la Asamblea.
Se estableció que las anomalías eran conocidas por varios funcionarios, que nunca lo denunciaron.
Las irregularidades en los nombramientos fueron detectadas durante la presidencia de Enrique Garrido.
En la auditoría realizada entre el 1 de enero y el 20 de agosto de 2000, se ubicó la contratación irregular de personal.
En el caso de Nicolasa Sianca se detectó que los cheques fueron girados a su nombre, pero su firma fue falsificada y no obtuvo beneficio de ello.
De acuerdo a la investigación, la elaboración de estos contratos fue directamente manejada en la presidencia de la Asamblea Legislativa, como se llamaba entonces.
