Tanto las playas de Gorgona como las de San Carlos están incluidas en los futuros proyectos turísticos programados por el Instituto Panameño de Turismo. Pero en ambos lugares, se ha incrementado el robo de las riberas de playa, un patrimonio del Estado. Y he aquí que el embudo siempre tiende a apretar en su lado más angosto.
Los pescadores de Gorgona han conformado una cooperativa que cuenta ya con personería jurídica.
Por tanto, decidieron construir una pequeña sede de su cooperativa que en realidad funciona como depósito para guardar sus aparejos de pesca.
Esa decisión se basó en el permiso concedido por el alcalde de Chame, Euclides Mayorga, quien a su vez, negó a este medio que lo hubiese otorgado.
Es más, aseguró que había cursado nota a la corregiduría para la orden de demolición de esa construcción.
Sin embargo, lo que está escrito en tinta y papel, fácilmente es comprobable. En una hoja de papel de la Alcaldía de Chame y firmada por el alcalde Mayorga, se autoriza la construcción a los pescadores. Estos procedieron recientemente y ya la culminaron.
Según el alcalde, él les notificó que no debían construirla y lo hicieron aprovechando los fines de semana que no labora esa dependencia. En consecuencia, debe demolerla. Indicó que el Ministerio de Hacienda (Economía y Finanzas) debe hacer ejecutar la demolición. De todo esto está informado el ministro de Economía y Finanzas, recalcó.
Por su parte, uno de los pescadores informó que un grupo de 30 se reunió para conformar una cooperativa de pesca con la finalidad de hacer frente a los problemas sociales y económicos que confrontan. A la postre, añadió, ésta va a ser una empresa para la comunidad.
Lamentó que a pesar de que ellos viven en el área y ese es su pueblo natal, algunos propietarios de residencias de playa, que sólo van de vez en cuando, se hayan quejado de que la pequeña construcción les molesta, sin pensar en el beneficio que la cooperativa traerá para la población. Argumentó además que ellos han pescado toda la vida en ese sector.
Justamente hoy, que abre la veda, pretenden iniciar oficialmente el funcionamiento de la cooperativa.
"Estamos dispuestos a luchar porque siempre hemos sido sacrificados por los que siempre viven de los pescadores y nosotros no queremos vivir más de eso. Nosotros queremos desarrollar nuestra propia pesca y venderla", señaló.
Informó que la anterior administración gubernamental mandó a medir los terrenos colindantes con su área de pesca para ayudarlos y después de ello, lo que hicieron los propietarios fue correr su cerca hacia la playa "oprimiendo y oprimiendo para que nosotros no tengamos dónde meternos".
Entre estos dueños de fincas, hay una legisladora de la república, pero no hay orden de retirar esa cerca.
Por otro lado, la presidenta de la Cooperativa de Pescadores de Gorgona, licenciada Alba Rosa Pérez, manifestó que además de tener el permiso del alcalde, la cooperativa solicitó la concesión al Estado, debido a que la ley les permite hacer esa solicitud, que hoy está en trámite. Y si construyeron fue porque el alcalde dio el permiso que luego nos mostró.
"Nosotros estamos conscientes de que no podemos hacer absolutamente nada arbitrario", dijo la también presidenta de la Federación Nacional de Organizaciones de Pescadores Artesanales, y tesorera de la Confederación de Cooperativas de Pescadores Artesanales de Centroamérica.
Incluso, misiones internacionales apoyan la cooperativa que tiene personería jurídica, destacó.
En este punto, el director de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas, Javier Juárez, manifestó que el terreno sobre el cual está la sede de la cooperativa es propiedad del IPAT porque ahí está contemplado un plan de desarrollo turístico que se ajusta a la Ley de Potencial Turístico. Por tanto, son tierras difíciles de dar en concesión.
No obstante, afirmó que los pescadores pueden ser reubicados, si ese fuera el caso. Si el IPAT aduce que por la naturaleza del proyecto turístico, no puede concederle ese pedazo de terreno a la cooperativa porque se afectarían los derechos de terceros -panameños que perderían la oportunidad de obtener un empleo-- y se dejaría de percibir ganancias sustanciales para el país, entonces habría que reubicarlos.
Al respecto, Alba Rosa Pérez sustentó que hay una tendencia mundial hacia el ecoturismo en las reservas naturales y marinas, lo que incluye a turistas y pescadores.
Los turistas tendrían la opción de salir con los pescadores a observar cómo se realiza la actividad pesquera y a la vez, comprar los productos marinos. Ambos ganan de esta forma, dijo Pérez, al tiempo que advirtió que la actividad pesquera de ninguna forma está reñida con el turismo.
"Nosotros pensamos en proyecciones futuras que no están reñidas con el turismo" sentenció.
EN SAN CARLOS
San Carlos es otro distrito con potencial turístico y eso se debe a sus bonitas playas, según expresara el alcalde Emilio Salazar González, pero hasta la fecha no ha tenido la suerte de que se haya desarrollado ese potencial y también es afectado por el uso ilegal de las riberas de sus playas.
Ese es un municipio subsidiado que no tiene recursos económicos, por eso el alcalde trata de movilizar los recursos para explotar el llamado turismo popular, porque su política es prepararse para el momento en que lleguen los inversionistas.
De esta forma tiene 350 personas que se capacitarán en el área de hotelería, si el IPAT cumple con su promesa de llevar a esa capacitación a su distrito.
Entretanto, en las playas se permite el acceso de paseos en buses desde distintos puntos del país, dentro del marco del turismo popular y cobrando entre dos y 10 balboas por el uso de playa, sus vestidores y sanitarios.
El permiso de entrada de buses lo otorga la Gobernación de Panamá. Esta actividad genera más de 3 mil balboas semanales que son utilizados para cubrir las necesidades más apremiantes de las juntas comunales, además de que se usan para limpiar toda el área de playa.
El alcalde informó que San Carlos está incluido en el proyecto No.4 de desarrollo turístico del IPAT, que comprende desde Chame hasta Farallón. Se presume que dentro de dos años ese desarrollo llegará a las playas de San Carlos.
Enfatizó no obstante, que la playa es de uso público y al referirse al uso ilegal de las riberas, informó que los propietarios acaudalados piensan que la playa es suya y, sin embargo, no aportan nada al fisco como tampoco al mismo distrito.
Estos propietarios usurpan los derechos de terceros, sin pensar que el interés público priva sobre el privado. "A veces quieren sacar hasta a los pescadores", señaló.
"Si los municipios no peleamos lo que nos corresponde, los pobres no podríamos entrar a las playas", señaló el alcalde, indicando que en el caso de la playa Los Panamá, donde una sola persona ha cercado alrededor de 200 metros de playa, él elevó la consulta a la Procuraduría de la Administración para que lo asesore sobre lo que debe hacer para poner fin a esta situación.
Algunos moradores de esa playa manifestaron que los bañistas no pueden ubicarse debidamente para disfrutar de su paseo porque ese propietario cercó el área, sembró palmas y se dio a la tarea de derribar los árboles de manzanillo que eran usados por los visitantes para cobijarse bajo su sombra.
Además ha afectado a los pescadores que no pueden colocar sus botes en lugar seguro y deben dejarlos muy cerca de las olas, lo que los daña por el golpe constante del agua.
Continuar con el uso indebido e indiscriminado de las riberas de playa, patrimonio del Estado, es a todas luces una flagrante violación a los derechos de terceros.
Y la pregunta es: ¿qué construcciones serán derribadas?, ¿las de los ricos, con su séquito de abogados apelando los fallos, o las de los más pobres que no tienen con qué pagar?
Como dice con sabiduría popular un sencillo y humilde pescador: "el día que se derrumbe el muro de un rico, ese día se acaba con el robo de las playas, porque todos se darían cuenta que no son inmunes".
