El defensor del pueblo, Ricardo Vargas, ordenó una inspección defensorial en la región de Chiriquí Grande, en Bocas del Toro, donde el pasado 4 de febrero se produjo el derrame de unos 5 mil barriles de petróleo, propiedad de la empresa Petroterminal de Panamá (PTP).
La decisión de Vargas se dio luego de que un grupo de dirigentes, comerciantes y pescadores de ese sector se reuniera con él, para negar que se haya producido una crisis tras ese incidente.
Vargas señaló que solicitaran el apoyo de especialistas del Centro de Recursos Marinos de la Universidad de Panamá, indistintamente del proceso judicial que se sigue.
