Bajo la ponencia del magistrado José A. Troyano la Corte declaró inconstitucional la resolución de 19 de mayo de 2000 emitida por la Fiscalía Segunda Anticorrupción que mantenía cautelados Certificados de Abono Tributario (CAT) por la suma de B/.2.4 millones.
La Fiscalía Segunda Anticorrupción ordenó la cautelación de los B/.2.4 millones en CAT dentro del proceso penal seguido a las empresa Carisma Enterprises, Alexis Blazer Stanziola y otros.
La firma Rivera, Bolívar y Castañeda presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la orden emitida por la fiscalía anticorrupción bajo el argumento que la cautelación de los CATS violentó el artículo 44 de la Constitución, que establece que se garantizará la propiedad privada adquirida con arreglo a la ley por personas jurídicas o naturales.
Los demandantes señalan que al decretar el secuestro de los CATS, adquiridos previamente por el Citibank y Agencias Feduro, se violentó la Carta Magna.
