Lajestany De Gracia es una de las 11 funcionarias en estado de embarazo que fueron despedidas de su cargo en el actual gobierno, y quien decidió interponer una queja en la Defensoría del Pueblo.
Ante este hecho, la Defensoría interpuso en la Corte Suprema de Justicia un amparo de garantías constitucionales contra la medida adoptada por el Ministerio de Vivienda, donde laboraba De Gracia como médico en la Unidad Administrativa de la Clínica del Empleado.
En un fallo emitido, la Corte concedió el amparo promovido por la Defensoría, y revocó la orden de destitución.
