Con ello se refiere a la labor de las autoridades, en términos generales. Y es que el asunto es serio.
Paredes dijo a Panamá América que usando como justificación los códigos Administrativo y Minero, que permite a los alcaldes autorizar la extracción de material para obras con fines comunitarios, se ha generado toda clase de "actividades que no tienen que ver con el uso local de la arena".
Eso sucede en Coclé. La Personera de Antón sigue un proceso legal contra un alto funcionario municipal por conceder permisos para extracción de arena en playas y por los que podría enfrentar cargos por el delito contra el patrimonio de la Nación.
En Pacora, un miembro de la Junta Comunal también ha sido citado por el MICI para que explique las razones por las que se está extrayendo arena de forma ilegal para una concretera ubicada en la capital.
Durante la investigación, Panamá América conoció a los hermanos Leopoldo y José Mejía, quienes fueron citados ante la Dirección Nacional de Recursos Minerales. Ellos, al igual que 50 pobladores de Pacora, conocidos como "paleros", se dedican a extraer arena de la playa y de la desembocadura del río para subsistir.
Esa es una práctica ilegal que ha sido detectada por la nueva administración y que no es nueva; sin embargo, se ha decidido poner orden.
El director Nacional de Recursos Minerales, Aníbal J. Vallarino, explicó que a este grupo de personas se les pidió agruparse para que agilicen un permiso de concesión en áreas que no estén prohibidas por la ley.
La misma metodología ha sido aplicada a un grupo de paleros de Alanje, en Chiriquí. Ellos han conformado una cooperativa y han hecho una solicitud para una zona de concesión.
De ser así, no seguirán violando la ley, ya que en los próximos meses entrará en vigencia el nuevo instrumento legal que adiciona al Código Penal un título referente a acciones que atentan contra la naturaleza.
Ahora los infractores deberán cumplir penas de hasta cuatro años y las multas correspondientes y las investigaciones estarán a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos contra el Ambiente.
Son 110 las empresas a las cuales les han sido dadas en concesión la extracción de arena submarina en nuestras costas, a través de los años.
Lo cierto es, en palabras de Vallarino, actualmente se está haciendo un ordenamiento y depuración en las solicitudes para la concesión de extracción de minerales no metálicos.
Entre los hallazgos encontrados por Vallarino existen anomalías en las multas impuestas por la administración del pasado gobierno que no son coherentes con las infracciones cometidas.
Igualmente existe una mora en el pago de multas impuestas por extracción ilegal que supera los B/. 250 mil y en las cuales tendrán que aplicar el cobro coactivo.
Así mismo, se anunciaron auditorías a los municipios sobre el cobro de impuestos que han ingresado por los permisos de extracción de arena y de la cantidad de este mineral que se les ha permitido otorgar.
Hay una mala imagen de la minería, acepta el director de Recursos Minerales. Ello se debe a personas inconscientes que están afectando proyectos serios que ayudan a las poblaciones a generar ingresos.
Pero, en medio de esa realidad, el biólogo marino de la Universidad de Panamá, Aramis Aversa, trajo a colación otro concepto. El es de los que piensa que nuestras arenas "valen una fortuna" porque existe un interés por la extracción de este recurso mineral, que alcanza los grandes poderes económicos y políticos del país y que están por encima de las leyes y las comunidades.
Las empresas que tienen una concesión extraen diariamente 5,000 metros cúbicos de arena submarina, les son concedidas entre 400 a 500 metros por hectáreas cuyo pago oscila en B/. 2.00 por hectárea.
La solicitud de concesión tiene un costo de trámite de B/. 125.00 el cual ingresa al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).
La República de Panamá es signataria de la Convención Internacional RAMSAR de Naciones Unidas, mediante la cual se protegen áreas consideradas valiosas por su biodiversidad, específicamente humedales.
Los sitios RAMSAR de Panamá son: San San-Pond Sak en Bocas del Toro desde 1993; Golfo de Montijo en Veraguas desde 1990; Punta Patiño, en el Golfo de Montijo de San Miguel, Darién desde 1993.
En el 2002 se habían otorgado en las costas de La Palma, Taimatí, Garachiné y Puerto Piña, en Darién, a cinco empresas, el permiso para la extracción de arena submarina. Finalmente la población no lo permitió.
