San Felipe, cuna de la nacionalidad panameña, tienen dos caras: una la de los moradores, preocupados por los lanzamientos y desalojos, y la otra de los inversionistas, que señalan que las autoridades no los apoyan para que la restauración histórica del barrio sea una realidad.
En un anterior reportaje presentamos una de las caras del problema: la de los moradores del barrio que protestaron por los lanzamientos y desalojos.
Hoy, presentamos otra cara del problema: la de los inversionistas del plan de restauración del Casco Viejo que se quejan de que "están cargando" con el problema social de San Felipe debido a que el gobierno no los apoya en la reubicación de los moradores afectados con el proyecto.
Roberto Fierro, de la empresa inversiones Traad, una de las cuatro compañías que llevan a cabo trabajos de restauración de propiedades en el Casco Viejo, emplazó al gobierno a que tome en serio el desarrollo del centro histórico, apoyando a la empresa privada para el mismo sea una realidad o de lo contrario San Felipe terminará en ruinas.
Fierro señaló que el principal obstáculo que tienen los inversionistas es que el gobierno no tiene capacidad para resolver la problemática de vivienda de los moradores de San Felipe, que deben ser desalojados del área.
Indicó que el proceso de restauración del Casco Viejo marchara normalmente si el gobierno resolviera el problema de las alternativas de viviendas para los moradores con la misma velocidad que los inversionistas van desarrollando el plan.
Destacó que debido a ese problema hay varias propiedades que ellos han comprado y no han podido restaurar porque están siendo ocupadas ilegalmente por los inquilinos.
Inversiones Traad ha restaurado La Casa Eusebio A. Morales, la del Marqués del Portago, y el Hotel Colombia. Tiene en proceso de restauración, La Española, La Tesorería, Casa Dawson, Casa Alemán y la antigua Casa Duque.
"Dentro de nuestras propiedades hay 400 personas que viven gratis, ya que no pagan ni un centavo por vivir ahí", dijo Fierro.
Precisó que en la Casa Alemán habitan 26 familias que fueron notificadas desde más de un año del desalojo, pero no han podido iniciar los trabajos de restauración de ese sitio ni tampoco han podido vender la Casa Marqués del Portago, que está al lado de ésta, porque los moradores siguen en el área.
Según Fierro, en la antigua Casa Duque también tienen problemas para iniciar los trabajos de restauración porque está ocupada por inquilinos.
En la Casa Dawson, añadió que algunas familias violaron las puertas de apartamentos que no estaban siendo ocupados y entraron como intrusos y ahora quieren "arroparse" bajo el argumento de que son antiguos moradores de San Felipe.
Fierro denunció que hay muchos moradores que tienen capacidad de pago para vivir de una mejor manera y sólo quieren seguir en esos cuartos en espera de obtener una indemnización.
"Hay muchos moradores que están tratando de pescar en río revuelto", aseguró que el vocero de la empresa inversionista.
Manifestó que además de la falta de un programa alternativo de viviendas para los afectados, hay mucha burocracia y "trabas" por parte de las autoridades al momento de ordenar un desalojo de una familia de una de las propiedades que compran las empresas inversionistas.
Fierro precisó que las "trabas" consisten en que se presentan documentos, hay demora para resolverlos, los inquilinos reciben hasta tres citaciones para presentarse ante la corregiduría y finalmente, hay que esperar que el corregidor tome una decisión.
La fuente aseguró que tal situación afecta a los inversionista ya que las propiedades son adquiridas mediante préstamos bancarios y al momento que no pueden empezar los trabajos de remodelación, aumentan los intereses, lo que va mermando la capacidad financiera de la empresa en detrimento de los inversionistas privados.
Según Fierro, además del problema financiero, tienen que "cargar con el problema social" que le corresponde solucionar al gobierno.
Negó que ellos "atropellen" a los moradores para desalojarlos debido a que al momento que compran una propiedad le otorgan hasta más de un año a de plazo a los moradores para que desalojen y mientras tanto no le cobran alquiler.
"Nuestro objetivo no es perseguir a nadie", agregó Fierro, quien dijo que el ejemplo más claro de ello son las propiedades que han comprado y aún son ocupadas por los inquilinos.
La ley del plan de restauración del Casco Viejo establece que se debe dar como mínimo a los residentes un mes de indemnización por cada año de ocupar la vivienda. También se pueden dar como máximo hasta seis meses de indemnización por cada año de ocupación.
De acuerdo con Fierro la empresa inversiones Traad tiene por política que no cobrar alquiler a los inquilinos desde el momento que se compra la propiedad por lo que eso lo cuentan como una indemnización.
Apuntó que también la empresa asume todas las deudas de la propiedad, incluyendo la tasa de aseo y del consumo de agua.
Para resolver la crisis que se vive en el barrio, Fierro sugirió que las autoridades deben ser más enérgicas en el control de las inversiones en las propiedades del centro histórico y más expeditas en las ordenes de desalojos.
"El Estado debe agilizar las soluciones de tierras y apartamentos de las personas afectadas otorgándoles capacidad de pago", agregó.
De igual manera el gobierno debe apoyar a los empresarios que creen en el país al realizar inversiones en el embellecimiento del barrio de San Felipe, destacó.
