El exasesor presidencial, Miguel Antonio Bernal aseguró ayer que el gobernante Partido Arnulfista (PA) ha incurrido en asumir prácticas militaristas, antidemocráticas y autocráticas con la reciente inclusión dentro de sus estatutos de la revocatoria de mandato, que se suma a la recién aprobada reforma electoral.
Mientras que el precandidato presidencial, el arnulfista Víctor Juliao, precisó que la adopción de esta medida será un mecanismo de defensa del partido. Para Bernal, esta decisión no es sólo una aberración jurídica, sino que es un abierto desafío a todos los significados que pueda tener la vida en una sociedad democrática moderna.
"Arrebatarle al ciudadano elector el derecho de ser él quien decida hasta cuándo puede una persona elegida permanecer en el cargo, para entregárselo como monopolio absoluto a los gamonales de las cúpulas de los partidos, revela el estado troglodita en que todavía se nos quiere obligar a vivir en Panamá en materia electoral", destacó.
Manifestó que la adopción de la revocatoria de mandato por algunos partidos y de manera especial, ahora con el arnulfismo, "es una prueba adicional del retroceso en que nos conducen las recientes aprobadas reformas electorales, producto de los acuerdos entre los partidos siameses PRD y Arnulfista.
En tanto, para el exministro del MOP, Víctor Juliao, lo que ha sucedido es que un colectivo no puede estar sin la revocatoria de mandato y otro sí. "Es decir, el PA también tiene que protegerse porque ocurren momentos en que algunos legisladores son cambiados o no tienen la línea del partido, sobre todo en votaciones que son muy importantes".
Por su parte, el constitucionalista Silvio Guerra expresó que al encontrarse el país en un periodo preelectoral, con esta decisión simplemente se entorpece la democracia interna del Partido Arnulfista.
"Lo lamentable es que este entorpecimiento trae consecuencias negativas para el desarrollo de la democracia del Estado panameño en su conjunto", sostuvo.
A nivel de la Asamblea Legislativa, advirtió, también se crean las condiciones para que desaparezcan las diferencias de opiniones necesarias para la discusión de proyectos de ley.
