A simple vista Brayan Romero, de 10 años, parece un niño sano, pero en su cuerpo hay residuos del jarabe elaborado con dietilenglicol, que lo condenó a depender de atención especializada para sobrellevar su condición.
Ayer, Brayan no completó su jornada en la escuela Cirilo J. Martínez, ubicada en Pedregal, porque debió asistir al Centro de Atención Especial de Toxicología (CET) en busca de atención pediátrica.
Para su suerte, cuando llegó al centro de atención en Calle 17 (11:00 a.m.), la pediatra, recién nombrada por la Caja de Seguro Social (CSS) para atender a los 160 niños afectados por medicamentos contaminados con el tóxico, no estaba.
La administración le programó la cita para la siguiente semana porque la pediatra solo atiende dos veces a la semana.
Como Brayan, otro grupo de afectados que recibe atención especializada se quejó por la falta permanente de especialistas y la rotación constante del personal médico. Sostiene que la medida los afecta porque los médicos no conocen sus casos.
Raúl Romero, padre de Brayan y también afectado por el jarabe, relató que “se trata de un centro muy cómodo y bonito , pero vacío en atención especializada”.
A consecuencia del veneno, Romero, de 43 años, tiene problemas gástricos, pérdida de la visión y del sentido auditivo izquierdo. Teme que, de no mejorarse la atención, su calidad de vida pueda desmejorarse con celeridad.
El CET atiende a mil 160 pacientes, de los cuales más de un centenar son casos positivos y el resto está en espera de respuesta por parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Versión.
La directora del centro, Malaika Fagette, salió al paso a las acusaciones al señalar que las rotaciones son un “malentendido de los pacientes”, porque surgen a petición de los médicos que prefieren traslados.
Destacó que en el CET se hace una labor médico-administrativo y de investigación que no todos prefieren.
Sobre las atenciones especializadas, informó que esta semana se nombró a un pediatra, un ortopeda y un neurólogo, que comenzarán labores pronto.
Cinco médicos se encargan de dar respuesta a los oficios solicitados por el Ministerio Público que permitirán identificar a los afectados por el jarabe.
