El barco inglés Pacific Swan cruzará el Canal de Panamá el 21 de agosto con unos 250 kilos de combustible nuclear de plantas eléctricas japonesas, para ser reprocesado en Inglaterra, informó ayer la Sociedad Civil para el Ambiente (ISCA).
ISCA precisó en una declaración que el tránsito de la nave inglesa por el Canal "pone nuevamente en peligro a la población panameña".
La organización ecológica Greenpeace ha denunciado en los últimos diez años el paso de barcos con combustible nuclear de plantas japonesas para ser reprocesado en Francia e Inglaterra, lo que a juicio del grupo ecologista pone en peligro la vida de muchas personas ante un eventual accidente o ataque terrorista.
"El desperdicio nuclear de las plantas de generación eléctrica de Japón es enviado a Francia e Inglaterra para ser reprocesado y enviado nuevamente a Japón para ser utilizado en la producción de energía nuclear", señaló ISCA.
"Estos periódicos están ayudando a crear una sociedad violenta e inmoral", dijo recientemente el arzobispo de Panamá, José Dimas Cedeño, durante el funeral de un sacerdote católico asesinado.
El legislador Francisco Ameglio ha presentado proyectos de ley que buscan obligar a los diarios que publican imágenes de violencia a ser vendidos con una cubierta plástica, como ocurre con muchas revistas pornográficas.
"Debemos poner un alto", dijo Ameglio, quien también ha propuesto enmendar el Código Familiar de Panamá para crear un regulador que monitoree los periódicos.
Bajo el plan de Ameglio, las imágenes violentas podrían publicarse sólo con permiso de los familiares de la víctima. El legislador confía en que su plan logrará en septiembre la aprobación del Congreso, y el apoyo de la presidenta de Panamá, Mireya Moscoso.
Pero periodistas locales y extranjeros sostienen que el proyecto de ley es un intento disimulado para acallar a la prensa panameña.
"Una ley de este tipo es el principio de una censura total", dijo Robert Cox, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). "Ni el gobierno ni el Congreso tienen derecho a decidir lo que las personas leen".
El Departamento de Estado norteamericano y la Organización de los Estados Americanos (OEA) también han expresado preocupación por la libertad de expresión en Panamá, citando evidencia de represión e intimidación de periodistas por parte del gobierno.
Unos 90 periodistas enfrentan casos de difamación, según dijeron este año periodistas locales a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En más de un tercio de los casos, la acusación fue presentada por figuras públicas que pueden hacer cargos criminales contra periodistas por "falta de respeto".
En el 2000, el ex director de El Siglo, Carlos Singares, fue encarcelado por un artículo sobre la supuesta visita de un funcionario a un burdel que empleaba menores como prostitutas.
En junio, el Congreso aprobó una ley que, si es autorizada por Moscoso, impondría un código de ética a los periodistas.
Eric Jackson, editor del diario en inglés Panama News, dijo que actualmente la libertad de prensa es más importante que nunca debido a la presunta corrupción en la Asamblea nacional.
Los legisladores han sido acusados de recibir sobornos de empresarios para autorizar grandes parques industriales, mientras que se acusa al gobernante partido Arnulfista de haber pagado 1.5 millones de dólares en dádivas a los legisladores opositores.
"La clase política busca acallar a la prensa con la esperanza de no ser llamada a rendir cuentas", dijo Jackson.
