Un llamado a los padres de familia para que hagan respetar la Ley 29 de 20 de julio de 2006, que regula el uso de los textos escolares en los colegios oficiales y particulares del país, hizo el presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, Denis Arce.
La ley, propuesta por Arce, estableció un periodo de vigencia de cinco años para los libros de texto, y así evitar que de manera constante se les exija a los estudiantes la compra de nuevos libros.
La ley dice que tras este término, los libros deberán ser evaluados por el Ministerio de Educación para recomendar su actualización.
Según Arce, le corresponde a educación, junto a los padres de familia, buscar los mecanismos que permitan una estabilidad en el uso de los libros que usan los estudiantes, para que resulten beneficiados con la medida.
En su articulado, la ley no impide que las casas editoriales y los autores puedan solicitar, en cualquier momento, la reevaluación de sus textos al Ministerio de Educación, con la finalidad de determinar si se requiere la actualización de éstos, antes de los cinco años.
Dijo, además, que mediante esta ley, le corresponde al Ministerio de Educación promover, estimular y orientar la elaboración, edición, producción, impresión, distribución y utilización de los textos escolares en el país.
Por su parte, la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, dijo que este informe es una herramienta para medir cuánto la población está resintiendo el hecho de que el tema de la corrupción no se atiende, desde el punto de vista del trabajo institucional.
"Se pone en riego la democracia, cuando la institucionalidad se debilita", dijo, argumentando que con este estudio se puede redireccionar el rumbo de las instituciones del Estado.
Mientras, Enrique De Obarrio, ex presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, calificó como algo sumamente "alarmante" que se pierda la confianza en la democracia del país.
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