Alrededor de B/ 5 millones en salarios caídos e indemnización pagó el Gobierno a ex trabajadores destituidos con la Ley 25 de 1990.
Se espera que el pago a 270 ex trabajadores y 19 cuentahabientes concluya en el 2011 con la cancelación de la última partida.
Ex funcionarios del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación, de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, Autoridad Portuaria, Instituto de Telecomunicaciones, Cemento Bayano, entre otros, recibieron cheques.
Ellos demandaron al Estado en 1994 y en el 2001 los organismos de justicia decretaron la medida inconstitucional.
