La decisión de la Procuraduría de la Administración, de recomendar a la Sala Tercera de la Corte Suprema que declare legal el pago de salarios dejados de pagar a los legisladores, evidencia un pérdida de valores por parte de los diferente órganos del Estado, señaló el secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, (CONUSI), Gabriel Castillo.
Agregó que esta decisión demuestra que hay una total incongruencia entre las cosas que se dicen y las que se hacen, ya que esta decisión se toma en los precisos momentos en que se negó un aumento al salario mínimo de 500 balboas.
En contraste, dijo Castillo, se da un visto bueno para otorgar a los legisladores que no lo necesitan, ni lo merecen, porque es una prebenda que se da a los parlamentarios y que no tienen ninguna explicación.
Sin embargo, Castillo se preguntó si esta decisión de la Procuraduría de la Administración, tiene algo que ver con la reciente aprobación de la ley 38 que ha sido cuestionada ampliamente por la sociedad, en especial por los medios de comunicación social.
"Como sindicalistas no podemos aceptar" esta situación, señaló Castillo, quien llamó a la población a expresar su rechazo a la aceptación de la procuraduría de la administración para que se paguen unos 54 mil balboas cada legislador de la asamblea anterior.
Afirmó que desde un principio la organización obrera se ha opuesto al pago por considerar que son privilegios que se otorgan a los parlamentarios y además se ha dicho constantemente que las finanzas públicas no permiten mejorar las condiciones salariales de los empleados públicos, entonces no encaja un pago millonario a los 72 legisladores de la pasada asamblea.
Los parlamentarios reclaman el pago de B/. 3.8 millones, lo que significa que cada uno de ellos podría recibir unos B/. 54 mil.
El pago reclamado por los parlamentarios corresponde a un equiparamiento de salarios de los legisladores con los ministros durante 18 meses en que estos recibieron sueldo de 10 mil balboas al mes.
La decisión de la Procuraduría de la Administración, responde a una solicitud de la Corte Suprema de Justicia en virtud de una petición presentada por el contralor general, Alvin Weeden.
Por otro lado, Castillo, consideró que la coyuntura que se le ha presentado a la presidenta de la República, Mireya Moscoso, con la puesta a disposición de los cargos ministeriales, debe ser aprovechada para que el ejecutivo pueda hacer una evaluación para que su próximo equipo ministerial tenga un enlace con las organizaciones gremiales del país.
Agregó que la actitud del ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), ha provocado un rompimiento en las conversaciones con el sector sindical, de allí que hay ahora una oportunidad para que la mandataria evalúe la posición del ministro Joaquín José Vallarino.
Consideró que el titular del MITRADEL no está contribuyendo a que en el país haya paz laboral que se requiere por la situación económica y social, ya que "al Ministro no le interesa eso".
