Pagos por preservar zonas boscosas despierta interés en la región

Los países latinoamericanos que participaron en la Feria de Soluciones Ambientales en Costa Rica, mostraron gran interés en adaptar y aplicar el sistema de pago por servicios ambientales, una iniciativa del país centroamericano.
El programa consiste en un incentivo monetario que da el gobierno a los campesinos y dueños de fincas en zonas boscosas para que preserven el recurso o lo utilicen en actividades productivas sostenibles y controladas.
Este modelo, que funciona en Costa Rica desde 1996, despertó el interés de los 20 países que participaron en la Feria de Soluciones Ambientales que concluyó ayer.
Al evento asistieron representantes de Panamá, Argentina, Belice, Brasil, Costa Rica, Colombia, Cuba, El Salvador, Estados Unidos, Gabón, Guatemala, Honduras, México, Montenegro, Nicaragua, Perú, Suiza, Tailandia, Venezuela y Zambia.
El ministro de Ambiente de Guatemala, Vladimir Bonilla, dijo a EFE que el sistema de pagos ambientales (PSA) podría significar en Guatemala una estrategia efectiva para detener la deforestación, pues ofrece una posibilidad de sobre-vivencia a las personas en condición de pobreza.
"Guatemala y Costa Rica tenemos muchas similitudes en la disposición de los recursos y en los problemas que enfrentamos, pero Costa Rica nos lleva la delantera en las acciones, por lo que trataremos de aprender de sus experiencias exitosas", comentó.
"Nuestro objetivo es que los proyectos ambientales sean auto-sostenibles porque es muy difícil proteger el ambiente en medio de la pobreza. Todas las soluciones deben pasar necesariamente por la productividad", agregó.
En México también se mostraron interesados en adaptar el sistema de PSA, pero no sólo para la conservación de bosques, sino un sistema de pagos por contaminación en sus diferentes modalidades.
El subsecretario de Ambiente de México, Juan García, indicó a ACAN-EFE que su país enfrenta un grave problema en la agenda café, es decir la de la contaminación urbana.
"Estamos tomando medidas respecto a los rellenos sanitarios, tratamiento de la basura, de las aguas negras y los desechos de las industrias, y un modelo en el que los que contaminan paguen y los que protegen se vean beneficiados nos es muy atractivo", señaló.
Jorge Mario Rodríguez, director del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal de Costa Rica (Fonafifo), manifestó que lo más importante en un sistema de PSA es convencer a los productores y finqueros que la conservación ambiental no es un desperdicio ni una pérdida de recursos.
"En Costa Rica la ley forestal prohibe utilizar las áreas boscosas en actividades productivas, entonces lo que teníamos antes de 1996 era una gran tala ilegal porque las personas no podían utilizar sus terrenos", comentó.
"Con el PSA les demostramos que esas tierras no son un estorbo sino un beneficio para el país y para ellos mismos, porque ahora obtienen una ganancia por su conservación y esto nos permitió aumentar la reforestación de un 26% en 1987 a 43% en 2001", añadió.
Costa Rica paga 45 dólares por hectárea cada año a quienes tengan áreas protegidas, y por los terrenos con plantaciones forestales, 550 dólares por hectárea en cinco años.