Panamá está en los umbrales de una "seria recesión económica", que golpeará más fuerte a los sectores necesitados y a la juventud que intenta ingresar por primera vez al mercado laboral, manifestó anoche el nuevo presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), Carlos Ernesto González.
"El impacto de estas realidades se está reflejando en un desempleo creciente y en una actitud de desaliento de parte de la población nacional", dijo González, en su discurso de toma de posesión.
Sostuvo que la economía nacional "se encuentra estancada", y que las listas negras, multilaterales y unilaterales "han afectado" las exportaciones de servicios y la inversión directa extranjera. Agregó que las políticas de suspensión de los procesos de privatización también han tenido un impacto negativo en la inversión directa extranjera.
"Los sectores agropecuarios y comercial, ambos directamente relacionados con el mercado interno, se encuentran en franca recesión, debido a una disminución en el consumo y a las políticas que promueven la producción hacia adentro en el sector agropecuario", indicó.
Según el dirigente empresarial, los indicadores económicos elaborados por el Centro de Estudios Económicos y Sociales de APEDE, revelan que desde 1998 se ha dado "una pronunciada caída" de la inversión directa extranjera, lo que muchos atribuyen a la suspensión de los procesos de privatización.
González precisó que los números de los primeros cuatro meses de este año son sustancialmente menores a los primeros cuatro meses del año pasado, pasando la inversión directa extranjera de B/.136.4 millones a B/.36.3 millones. También dijo que la producción agropecuaria y agroindustrial ha caído, como el sacrificio de ganado vacuno que cayó 5.9 %, el porcino 16 %, y gallina 10 %, con respecto a los cinco primeros meses del año 2000.
Añadió que el valor de las construcciones, en los primeros meses de este año, cayó en 18.2 % con relación a igual período del año pasado, mientras que el comercio al por menor, hoteles, restaurantes y servicios, en los distritos de Panamá y San Miguelito, tuvieron durante el primer trimestre de estos años, con relación al mismo período del año pasado, disminuciones en sus ingresos de 2.5 %, 3.9 % y 3.7 %, respectivamente.
Igualmente las finanzas del gobierno en lo concerniente a los ingresos tributarios "disminuyeron 12.8 % y los no tributarios 9.4 % con relación a los cuatro primeros meses del año pasado", puntualizó.
En lo relacionado con las finanzas del gobierno, el dirigente empresarial acotó que si bien es cierto, hubo un aumento de 20.9 % en comparación al mismo período del año pasado, debido a las exportaciones no tradicionales, "no es suficiente en términos absolutos, dando el pobre desempeño del sector".
Según González, para superar esta crisis primero debe ser reconocida como tal, y le toca al Gobierno adoptar las políticas públicas que a su juicio, sean más aptas para lograr el objetivo de recuperar el crecimiento económico, indispensable para lograr un mejor acceso a la riqueza nacional de todos los panameños.
"Estas políticas públicas no pueden ser adoptadas en base a mediciones políticas, ni a intereses partidistas. Ni siquiera deben hacerse bajo el prisma de un análisis ideológico", sentenció González Ramírez. El nuevo presidente de APEDE, recomendó cambios estructurales económicos, a través de una serie de políticas públicas diseñadas para tal fin, y que serían apoyadas por este organismo empresarial, si impulsan el desarrollo pleno de la potencialidad del sector privado.
González Ramírez subrayó que hay que continuar con la liberalización económica, abriendo la economía lo más posible para que los procesos productivos nacionales sean eficientes y competitivos, eliminando "inmediatamente o progresivamente, donde no quede opción, las normas que promueven las exclusividades y los monopolios".
También sugirió que se faciliten las inversiones en lo concerniente a puertos, transporte y carga, donde actualmente impera una "maraña burocrática" que complica las mismas.
Asimismo el mercado laboral debe flexibilizarse, opinó González Ramírez, al considerar que "Panamá cuenta con una de las legislaciones más inflexibles en materia laboral", que impiden incentivar la productividad y la eficiencia.
De igual forma, el dirigente empresarial, fue del criterio de que la Caja de Seguro Social (CSS), con un presupuesto de 1,271 millones, brinda servicios sumamente deficientes a los asegurados. González Ramírez propugnó por el diseño de un modelo autosostenible para el sistema de pensiones y de salud, mediante un diálogo nacional sin precondiciones y sin limitaciones a las opciones de solución.
Recordó que en el CADE de la Pobreza se evidenció que el 65 % de los panameños que viven en las zonas rurales son pobres, por lo que se requiere desarrollar su producción agrícola destinándola a la exportación. "Desalentamos el modelo que incentiva la producción hacia adentro", dijo González Ramírez, al informar que APEDE está colaborando con el viceministerio de Comercio Exterior, en la creación de un Ente Promotor de Exportaciones, dirigido por el sector privado y para el sector privado.
A su juicio, la política agropecuaria no puede estar basada en la defensa de la producción nacional a ultranza, ya que los panameños no pueden competir con los subsidios y las trabas que imponen los países industrializados.
"Debemos fomentar las producciones en donde no existen estas restricciones de mercado, como lo son los productos tropicales, los cuales tienen una alta demanda en el mercado internacional", señaló González Ramírez. El dirigente empresarial también consideró necesario la eliminación de la discrecionalidad en las decisiones del funcionario público, ya que el no apego a reglas de carácter general y objetivas, "son los elementos fundamentales de la corrupción y la desigualdad en nuestra sociedad".
"Es necesario que se eliminen estos espacios de discrecionalidad y se incremente la transparencia en las actuaciones públicas. Claras políticas públicas en esta dirección contribuirían a disminuir la percepción de corrupción administrativa que existe en la ciudadanía", subrayó González Ramírez. En lo concerniente al uso del Fondo Fiduciario, consideró indispensable un consenso nacional para su mejor utilización, que permita entre otras cosas, el pago de la deuda pública.
"Este acuerdo deberá incluir un mecanismo de límite al endeudamiento público, en función del PIB, así como del gasto corriente del Gobierno Nacional", indicó González Ramírez.
