El diario inició su investigación luego de que la principal implicada en el desfalco del FECE de San Miguelito, Joaquina Gallardo, reveló a la Fiscalía Anticorrupción la existencia de un presunto plan para desfalcar también el fondo destinado a remover la fibra de vidrio.
Panamá América se fue entonces a Bocas. Allí encontró el caso de la escuela rural de Punta Róbalo, en Chiriquí Grande, en donde nunca ha habido ni un centímetro de fibra; sin embargo, el Ministerio de Educación reportó que pagó B/ 3,144 por remover 131 metros.
En otros planteles se encontraron trabajos a medias y el pago de una cantidad de metros de fibra removidos que no coincidían con la realidad.
También encontró entre las empresas beneficiadas a unas recién creadas, aparentemente sólo para ganar estos contratos, otras que se dedicaban a actividades que nada tenían que ver con el retiro de fibra, como la venta de golosinas, electrodomésticos y la reparación de computadoras.
Varias de estas empresas ganaron contratos paralelos por cientos de miles de dólares, a pesar de que no tenían el equipo, el personal ni la experiencia para realizar este trabajo.
Un caso que el ahora ex ministro Belgis Castro nunca explicó fue el presunto doble pago a dos empresas por el retiro de 1,050 metros de fibra en la escuela Cerro Iglesia, en la Comarca Ngöbe Buglé de Chiriquí. En la lista de pago del Meduca figura que por ese trabajo se canceló la misma suma a las empresas Ventas Riag e Inversiones Capri, en donde figura como suscriptor el compadre del presidente Torrijos, Félix González.
Al final, varias de las empresas con contratos paralelos subcontrataron a trabajadores, quienes realizaron una remoción deficiente del delicado material. El resultado: estudiantes y docentes con afectaciones en la piel, protestas callejeras, cierres de calles y escuelas, que dejaron como consecuencia la pérdida de hasta un bimestre en varios planteles.
