La Dirección Administrativa del Instituto Oncológico Nacional aún no ha aplicado las sanciones recomendadas contra tres físicos de esta institución, que estuvieron involucrados en el incidente de sobrerradiación que afectó a 28 pacientes y hasta le fecha ha ocasionado la muerte a unos 16.
Al tiempo que el Ministerio de Salud realiza las averiguaciones en España, Brasil, México y Venezuela para ver si pueden contratar dos o tres físicos médicos hasta que concluya la capacitación de los panameños.
Sin embargo, cuando hay paseos turísticos los puestos se llenan en su totalidad. No en vano, la gira en el ferrocarril fue nombrada por la Sun Princess como la mejor de este año. Al tener la aceptación de los cruceros, la empresa trabaja en la promoción del país en coordinación con el Instituto Panameño de Turismo, el Ministerio de Comercio e Industrias y el Puerto Colón 2000.
En el pasado cuando el ferrocarril estaba en manos del Estado, el servicio reportaba pérdidas por 4 millones de dólares al mes, por no ser rentable el transporte de pasajeros. Ahora, la administración privada ha logrado ser rentable.
Lo que necesitamos es que se amplíe la base de los invitados por el FIS y que se invite a las empresas cuya trayectoria está dirigida en ese sector. Por supuesto que esto se podría manejar también por la ley de contratación pública, dependiendo de las urgencias y necesidades. No veo la razón de ser de tener dos legislaciones sobre la misma cosa cuando la Ley 56 es suficiente, incluso para las adquisiciones urgentes por vía de invitaciones.
Precisamente, la Comisión Anticorrupción hace el señalamiento que se ha comprobado el abuso en las contrataciones por urgencia notoria. El IDAAN, evidentemente, justifica por razones de atender a las poblaciones marginales sin agua potable, pero hay circunstancias en que la urgencia notoria no tiene justificación y más bien da la impresión de ser un subterfugio para saltar a la garrocha la ley de contratación pública.
Yo sí puedo decir que en el momento de refrendo Contraloría analiza si la excepción de acto público reúne los requisitos de ley . Si nosotros observamos que la autorización que se ha dado para la contratación pública no se ajusta a los parámetros establecidos por la Ley 56, nosotros la rechazamos. O sea que si no se justifica la urgencia, Contraloría tiene la opción de rechazarla...
Es que realmente hay muchos casos en esa dimensión. Recibimos un expediente que viene acompañado de una excepción de acto público, pero vemos que no se corresponde la excepción con la realidad, entonces rechazamos el refrendo. O sea, eso no se llega a consumar. Creo que esa es la parte que le falta a la Comisión Anticorrupción que, si bien puede ocurrir teóricamente que se haga una excepción de acto público, no está encuadrada realmente en los términos de la ley, eso no significa que se va adquirir el bien bajo ese mecanismo. En el momento del refrendo es cuando nosotros analizamos el expediente y vemos si esas justificaciones que dio la entidad para la contratación directa, son legítimas o no. Y si evaluamos que no lo son, simplemente rechazamos el refrendo.
Tengo pruebas de que hemos rechazado en diversos actos públicos que vienen acompañados de excepción de acto público cuando nosotros no lo consideramos necesario. Por ejemplo, un caso muy dramático en ese sentido. Hubo una excepción de acto público que se dio para la adquisición de ocho grúas pórtico para la Autoridad Marítima Panameña en el puerto de Vacamonte. Cuando eso llegó al CENA, nosotros dijimos "pero esto no tiene ninguna justificación" , no cumple los requisitos de ley. Y en el CENA rechazamos la contratación directa y le pedimos a la entidad que licitara, cosa que se hizo. En días pasados se estaban instalando las ocho grúas, que fue producto de una licitación pública en la que hubo ocho proveedores. Antes se había dado la excusa de que había un solo proveedor, cosa que no era cierta. El hecho de que se pretenda una contratación directa no significa que ella va a cuajar. Nosotros nos encargamos por vía del control previo de examinar si han actuado con propiedad en el caso de la contratación directa.
222No tengo ningún apetito político, no voy a ser candidato a nada en el 2004, voy a terminar mi período como Contralor y siento que terminará en ese momento mi actividad política.
Se habla mucho de la corrupción. Se hacen denuncias, no siempre con acompañamiento de pruebas de respaldo de la imputación. Qué rol está jugando la Contraloría para que no se transgredan las leyes y se perpetren actos de corrupción dentro del Estado y fuera de la administración pública?
Esa actividad de la Contraloría es diaria. Nosotros, por vía del control previo, digámoslo así, evitamos la corrupción. Tenemos una actividad preventiva para combatir la corrupción y si se presentan casos de corrupción, tenemos la herramienta saneadora en las auditorías o control posterior en donde entonces exigimos la responsabilidad. Yo no creo realmente de que el problema de Panamá sea un problema de corrupción generalizada basada en la administración pública. Muy por el contrario, Panamá es el país que mejores controles tiene en toda Latinoamérica. A veces se utiliza, como el caso que le explico, la contratación directa indebida. El propósito de la corrupción, como si fuera consecuencia de eso, no llega a cuajar. Podría haber intención de corrupción, pero el sistema es lo suficientemente eficiente para impedir que eso suceda. Esa es una de las razones por las cuales yo me sentí obligado, desde el día que me senté como Contralor, a reducir la capacidad que había de denegación de la firma del Contralor de los refrendos de 800 mil dólares a 10 mil dólares. De manera que en mi despacho tengo la tranquilidad de que los actos de contratos que se ejecutan vienen acompañados de toda la propiedad y toda la transparencia necesarias. En eso somos celosos.
Y le podría decir que, del informe que hicimos de la gestión de la Contraloría en los actos de contrato refrendados y no refrendados, se podrá observar que de todo lo que se nos presentó el 75% fue aprobado y el 25% fue rechazado. Es decir, que lo que no cumple con los requisitos legales, lo rechazamos. ¡Fíjese por qué causas¡ Falta de autorización de contratación directa por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, del Consejo Económico Nacional, falta de concepto favorable de todos. Por falta de estos requisitos, rechazamos esas obras. Incluso cuando se trata de contratación directa aún si exista la autorización, si no se cumplen los requisitos también lo rechazamos. Panamá, Chile y otros países con menor intensidad, compartimos todavía el control previo. Esa figura ha desaparecido en la mayoría de los países de América Latina. Y créame que buena parte de los problemas que tiene América Latina en materia de corrupción, es por la falta de control previo. Algunos se quejan del control en Panamá. No consideran que el tamaño de nuestro Estado no permite la discrecionalidad. Nosotros manejamos un presupuesto general de 6 mil 800 millones de balboas, que es el presupuesto de una trasnacional. No es el presupuesto de una pequeña o mediana empresa. Es decir, no hay una empresa en Panamá comparable siquiera con un ministerio, es decir, en gastos de funcionamiento y tal. Tenemos que tener un sistema con un orden administrativo. Por eso estamos insistiendo en la modernización del Estado a través de la herramienta tecnológica, que es el SIASPA y el módulo i. compras y el módulo de control fiscal. De manera que nosotros tengamos con toda tranquilidad un sistema preventivo por vía del control previo , pero automatizado por sistema electrónico que nos haga eficaz la fiscalización.
Ud. ha invitado en reiteradas ocasiones a los miembros de la sociedad civil a que denuncien supuestos o posibles actos de corrupción, pero muchas veces las denuncias son genéricas excesivamente o están revestidas de intencionalidad política. ¿ Qué recomendaciones haría Ud. como Contralor a estos denunciantes para que ejerzan esa función, pero debidamente respaldados.
Lo primero que uno tiene que hacer cuando habla de corrupción o trata de denunciar corrupción es ser muy serio. Si uno personalmente no es serio, no tiene buenos argumentos y buenas evidencias. Yo no le pido a nadie que me denuncie evidencias completas; yo lo que le pido a la persona es que me dé indicios graves. Fíjese que nosotros manejamos denuncias anónimas, todo lo que la persona quiera denunciar. Hay una línea caliente para recibir denuncias, inclusive anónimas, todo lo que se quiera denunciar. Evidentemente, entre mejor venga acompañada la denuncia con algún indicio o evidencia, nos permite entonces profundizar eso lo hacemos. Fíjense lo que sucedió con el SAN, como producto de quejas por el abastecimiento de combustible a naves privadas. Cuando nosotros entramos a una entidad y encontramos que la denuncia tiene realidad, es valedera, tiene fundamento, no nos quedamos en lo que se denunció sino que ampliamos la auditoría a todo lo demás.
Porque nadie agrede el patrimonio del Estado en un área. Si una institución alguien está trabajando para lastimar el patrimonio del Estado, es obvio que lo estará haciendo en las otras áreas. Entonces no sólo hacemos una auditoría en ese momento y en el acto señalado sino que nos vamos años atrás para conocer cuál es el historial de comportamiento, comparar un período con otro, y eso fue lo que pasó en el SAN. Producto de eso nos salió que no solamente se daba combustible indebidamente, no se les cobraba a las personas privadas, no se reforzaba la actividad. También vimos que se usaban naves existentes para sustraer combustible; también vimos que se robaban las piezas, toda una serie de irregularidades y de delitos cometidos contra el patrimonio fiscal.
Esa es la actividad nuestra: cuando entramos a una entidad la buscamos en todo su contexto. A través de las auditorías financieras, si detectamos una diferencia que nos llama la atención, entonces profundizamos con las autoridades especiales. En el informe que publicamos con la cantidad de auditorías, se verá que, en dos años, tenemos ordenadas más de mil auditorías. Eso significa un volumen de trabajo del cual ya hemos satisfecho cerca de 700 auditorías. Es decir que tenemos aquí, permanentemente, no solamente el ejercicio del control previo. Algunos funcionarios se quejan de que ejercemos el control previo con mucha dureza. Yo me siento muy complacido de esa queja. El control previo es para eso. Lo que no quisiera es que se pensara que ejercemos el control previo con dureza, pero que no somos considerados con el funcionario que actúa bien y que no somos diligentes en hacer el acto administrativo. Conciliamos la dureza con la eficiencia.
Parte de los deberes de la Contraloría es la fiscalización del patrimonio de los funcionarios públicos. Tengo entendido que al ingresar los funcionarios de alto nivel hacen una declaración jurada de su patrimonio y se hace otra declaración jurada al concluir sus funciones. Puede ampliar el concepto.
La ley ordena que un número bastante amplio de funcionarios haga una declaración de bienes al inicio y cuando cesan sus funciones.
De hecho el que no cumple, apenas identificamos el incumplimiento, inmediatamente le mandamos una nota y le exigimos que cumpla la ley. Pero el cumplimiento es bastante bueno. No tenemos quejas en esa materia. La gente es muy responsable y ya es consciente de que tiene que cumplir con su obligación de declarar su patrimonio. Esto tiene más importancia en el momento en que se identifica un exceso patrimonial en la persona es la base para comprobar lo que tenía cuando inició y lo que tiene actualmente. Entonces, buscamos que se nos explique el incremento patrimonial que no esté justificado a través de los ingresos percibidos en la función estatal o extraordinarios que haya tenido, se haya sacado la lotería etc. Actualmente tenemos un caso. Se nos ha remitido del Ministerio Público una investigación que por la razón de que declarado nulo ese proceso no la podemos utilizar, pero hemos iniciado la investigación de cero sobre la base de la existencia de una denuncia de un enriquecimiento ilícito de un funcionario administrativo al cual estamos ahora auditando todos los ingresos que tenía cuando entró y vamos pronto a tener una definición de ese caso para remitirlo, de acuerdo a la ley, y de acuerdo al fallo de la Corte Suprema de Justicia, a la DRP, que evaluará si el informe de auditoría es legítimo en cuanto a enriquecimiento ilícito y de ser así se remitirá al Ministerio Público y a la Corte Suprema para que se le enjuicie por enriquecimiento ilícito, previa su separación del cargo. Este es un mecanismo importante , moderno, que va a contribuir. Pero siento que más importante aún es que debe quedar claro en cada funcionario es que cuando se entra a un cargo público uno no debe desarrollar criterios de empresa privada. Cuando Ud. viene a un puesto público, viene a servir. Debe tener presente que esa visión empresarial, de hacer negocios y hacer riqueza, desaparece. Si uno tiene ese concepto, uno no tiene vocación de funcionario.
En nuestro sistema constitucional, la Contraloría, por razón del control previo, juega un papel que tiene que ser ponderado de una manera muy racional. No puede haber una Contraloría hostil al gobierno porque de haber una Contraloría hostil, una Contraloría que entorpece la función gubernamental, se generaría una crisis. Esa circunstancia obliga a que el Contralor, desde el momento que inicia su función, sea quien fuese ese Contralor, maneje un fino equilibrio entre lo que es la decisión independiente y luego tener las más cordiales y armónicas relaciones con el Ejecutivo y las otras dependencias. Eso obliga a que el Contralor, una vez se sienta en el cargo, si tiene una trayectoria política, que es evidentemente necesaria que la tenga, para que pueda haber esa armónica colaboración, con los segmentos políticos presentes en los poderes del Estado. Recuerde que no solamente hay arnulfistas en el gobierno. En los gobiernos municipales también hay PRD, o hay Partido Popular, una serie de funcionarios que no corresponden a un partido político en particular. Pero el deber de un Contralor es tratarlos a todos con la misma vara, con la misma medida, y con la misma justicia. En el momento en que yo me senté en la silla del Contralor traté de encaminar todos mis actos, antes que nada, bajo el esquema de no tener acciones políticas partidistas. Esta es una institución profesional con una gran estabilidad de sus funcionarios y buena parte de estos funcionarios son de partidos diferentes al Arnulfista, o tienen sus inclinaciones o simpatías a otros sectores políticos. Pero aquí, en la Contraloría, ni yo actúo políticamente ni permito que ningún funcionario tome posiciones políticas en sus actuaciones dentro de la institución. Yo me mantuve con un muy bajo perfil como fiscal del partido hasta la última convención del primero enero del 2000 que entré a la Contraloría y aproveché la coyuntura de la convención del año pasado en Aguadulce para separarme de cargos directivos del partido. Considero que es incompatible ese cargo directivo del partido con mis funciones de trabajo. Me siento muy satisfecho del hecho que he enmarcado mis actuaciones sin ningún tipo de sectarismo político.
He tenido que perseguir desde la Contraloría a arnulfistas; he tenido que procesar y pedir procesamiento, inclusive penales, para arnulfistas, igual lo hecho para otros que no son arnulfistas y en ese sentido, todo aquel que lesiona el patrimonio del Estado yo firmo las resoluciones correspondientes de auditoría, firmo los actos que se requieren para que se les exija las responsabilidades del caso.
Me voy a mantener así , quiero decirle que no tengo ningún apetito político, no voy a ser candidato a nada en el 2004, voy a terminar mi período como Contralor y siento que terminará en ese momento mi actividad política porque ya he cumplido con el país y no tengo absolutamente ningún propósito de aceptar ningún ofrecimiento de candidatura, ni de legislador ni de nada.
Cuando se llega a Contralor ya uno tiene el compromiso de no tener apetito político, porque ese apetito político en un Contralor confundiría totalmente sus funciones. En ese no tener apetito político va el nivel de independencia necesario para que las decisiones y actuaciones del Contralor se puedan enmarcar dentro de los parámetros de la armónica colaboración pero de muy enérgica actuación cuando se tiene que intervenir. Esa es la garantía al país que hay una entidad fiscalizadora que, por no tener apetito político, no tiene que estar haciendo cálculos de ninguna naturaleza para el ejercicio de sus funciones.
