La Corte Suprema de Justicia decidió que el Ministerio Público continúe con una asistencia judicial solicitada por la Fiscalía Anticorrupción de Perú, para determinar el destino de B/.1.8 millones entregados en una presunta coima a un ex asesor del presidente Alejandro Toledo.
La coima era parte de una transacción comercial por la cual la empresa colombiana Bavaria adquirió la compañía cervecera Backus & Jhonston, con la que controló el mercado en Perú.
De acuerdo con las investigaciones, a fines del 2002, el peruano Jaime Carvajal, fue detenido en el Aeropuerto de Albrook Field, cuando transportaba los B/.1.8 millones sin haberlos declarados, pero su salida fue autorizada por funcionarios del pasado gobierno.
Perú solicitó una asistencia judicial dentro de la investigación seguida a empresarios del Grupo Bavaria y el Grupo Cheswick para determinar posibles actos de corrupción.
El dinero fue entregado al ex asesor presidencial César Almeyda.
