Una fuente del Ministerio Público confirmó que Candanedo culminó las pesquisas solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción de Nicaragua y remitió el expediente a la Cancillería para que traslade los resultados de la investigación.
La fuente precisó que la fiscalía analizó varias cuentas en diferentes bancos locales en los que se supone que Portillo y varios de sus más cercanos colaboradores depositaron fuertes sumas de dinero pertenecientes al Estado nicaragüense.
En Panamá se ubicaron las cuentas 01-5003-227911-8, 01-5003-2288026-4, 1110004676 y 1110004692 en los bancos Atlántico e Internacional como pertenecientes Juan Francisco Reyes López y Juan Antonio Riley.
Las pesquisas que se iniciaron hace tres meses se produjeron luego que la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia declaró viable un exhorto de la Fiscalía Anticorrupción de Guatemala para levantar el secreto bancario de las cuentas bancarias del presidente de Guatemala, Alfonso Antonio Portillo, su secretario privado, Julio César Girón, y del vicepresidente Juan Francisco Reyes López.
Los magistrados Adán Arnulfo Arjona, César Pereira Burgos y José Troyano accedieron a la petición elevada por la Fiscalía Anticorrupción para levantar el secreto bancario al presidente Portillo y al vicepresidente Reyes López dentro de la investigación que se adelanta en su país por los delitos de corrupción de funcionarios públicos.
La investigación también se hizo extensiva a Juan Francisco Reyes Wylb (hijo del vicepresidente), César A. Medina, Juan Antonio Riley y Douglas Urrutia Jerez quienes se presume desviaron importantes cantidades de dinero de fondos públicos hacia bancos panameños.
La investigación contra el presidente Portillo se inició el 5 de marzo del pasado año cuando se realizaron una serie de publicaciones en las que se señalaba que había intentado abrir cuatro empresas y 13 cuentas bancarias en Panamá, en las que pretendían hacer transferencias de dinero por el orden de B/.150,000 y B/.300,000 por mes.
La ex fiscal anticorrupción de Guatemala, Karen Fisher, estuvo a fines del año pasado aquí solicitando ayuda del Ministerio Público para investigar los movimientos bancarios de Portillo y sus colaboradores y determinar si estos fondos corresponden o no al Estado guatemanteco.
En el 2002 la investigación estuvo a punto de archivarse por falta de pruebas, pero luego se decidió continuar con las pesquisas tras el surgimiento de nuevos indicios sobre el paradero de los fondos.
Según el indígena Mombache, más de 175 tucas de cedro espino, valoradas entre B/.300 y B/.1,000.00 fueron sacadas del lugar el durante el verano.
Según el Ing. Raúl Gutiérrez, de la ANAM, la concesión que tenía el señor Mon en Aruza venció en 1999, por lo que puede tratarse de una extracción ilegal de madera.
Reveló que ordenaría a la dirección regional de Darién que envíe inspectores al área para investigar.
Explicó que como el área inaccesible y poco frecuentada por los inspectores, es un sitio propicio para la tala ilegal.
En El Real encontramos a unos hombres trabajando una madera que habían sacado de las comunidades de Guseca y La Olla.
El obrero Manuel Valencia comentó que la madera pertenecía al ex legislador Enrique Loré y al señor Asterio Ibargen.
La madera estaba siendo cortada para ser eniada a La Palma para un proyecto de construcción de letrinas de la legisladora Haydeé Milanés de Lay.
El Ing. Gutiérrez reveló que ordenaría una investigación sobre la procedencia de esta madera debido a que Ibargen y Loré no tienen concesiones.
La extracción ilegal ocurre porque sólo hay 17 guardabosques para Darién, advirtió el funcionario.
La ANAM cuenta con puestos de control en Cañita, Agua Fría, Tortí, Metetí y La Palma, informó.
No obstante, destacó que los contrabandistas encubren la madera debajo de las verduras en los camiones y también la sacan de noche por el mar.
Entre 250 y 300 camiones con tucas por mes salen de Darién, según organizaciones conservacionistas. El Ing. Raúl Gutiérrez, de la ANAM, confirmó que la empresa Procesos Poliagrilícos S.A., realiza los estudios de impacto ambiental para una concesión de 7 mil hectáreas de bosques por 20 años en las comunidades de Pinogana, Aruza, Boca de Cupe y El Real.
La empresa ya realizó el inventario forestal y pronto iniciará el estudio de impacto ambiental en la región de la concesión, informó la ANAM.
La concesión para extraer madera mantiene divididas a las comunidades indígenas y de colonos. En reunión afectada el 29 de octubre del año pasado, la comunidad de Aruza rechazó la concesión, pero los pobladores de Pinogana la aprobaron.
La corregidora de Pinogana, Esperanza Ortíz, aseguró que la comunidad está a favor de la nueva concesión ya que la empresa les prometió reparar los servicios higiénicos de la escuela y la construcción de una cancha deportiva.
En Pinogana no funciona el acueducto y no hay puesto de salud, pero para la autoridad es más importante una cancha deportiva y la reparación de los servicios.
Los indígenas de Aruza señalaron que tienen mala experiencia con estos empresarios que sacan la madera porque no dejan nada, por ello se oponen a la nueva concesión.
No obstante, la ANAM defiende la concesión. El Ing. Raúl Gutiérrez lamentó que la población se oponga a una concesión que cumple con todos los requisitos forestales y legales mientras que no dicen nada por la extensión de la ganadería, que sí está causando daños ecológicos en la provincia.
Explicó que la empresa va a entrar con un programa de sello verde, que es un documento que emite un organismo especializado en el manejo ambiental y forestal, donde a través de evaluaciones a los recursos naturales se emite una certificación forestal que da fe de que el bosque está siendo aprovechado de manera sostenible sin alterar el ecosistema. Los indígenas de Aruza son doblemente afectados: les extraen madera de manera sospechosa de sus bosques , no reciben beneficios económicos y les destruyen sus sembradíos.
Gáligo Ismare, presidente del Congreso Wounaan en Aruza, denunció que como esa comunidad está fuera de las comarcas, los madereros aducen que son tierras nacionales y por ende, los indios no tienen derecho a nada sino el Estado.
Debido a que quedan fuera de las comarcas, los Wounaan de Aruza no pueden reclamar derechos sobre las tierras donde se extrae madera, explicó el dirigente.
A pesar de que ANAM alega no conocer nada de la extracción de madera en Aruza, en octubre del año pasado el Congreso General de Tierras Colectivas Emberá y Wounaan solicitó al director de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), Ricardo Anguizola, la suspensión de la extracción de madera en la comunidad .
"Las autoridades nos dicen que no hay concesiones , sin embargo, se venden por unos reales para otorgar permisos", denunció Ismare.
"Nuestros niños no conocerán los bosques si se sigue sacando madera de esa forma ", denunció, por su parte, Luis Plean Membache.
Alirio, otro indígena, denunció que no pudo enviar este año a su hijo a la escuela a Panamá porque un tractor le destruyó todo su sembradío de ñame con el que pretendía ganar dos mil balboas para sufragar los gastos escolares.
Según los pobladores, desde 1970 hasta la fecha en Aruza han entrado nueve empresarios a extraer madera: Pablo Díaz, Santiago Quintana, Alcibiades De La Rosa, Jorge Diares, Geovanni De La Rosa, Cristóbal Mon, Emiliano Bristán, Germán Espinosa y Liewi Mon.
Jerónimo Salazar, dirigente de la comunidad, departía un almuerzo con arroz, tajadas fritas y jamonilla en su choza, cuando manifestó que ellos aceptan que saquen la madera de sus bosques a cambio de obras porque la "necesidad nos obliga a hacerlo".
"La necesidad nos obliga a hacerlo aunque sabemos que no ganamos mucho", señaló el dirigente de la comunidad emberá de 80 familias .
Reconoció que a través de esos permisos comunitarios se malgastan sus recursos naturales, pero reiteró que tienen que hacerlo por necesidad debido a que el Gobierno no les "da nada".
"Si el Gobierno viniera a ayudarnos no tendríamos que negociar nuestra madera", aseguró el indígena .”Pedimos ayuda al legislador del circuito Sergio Tócamo, para reconstruir las viviendas, pero sólo envío 18 hojas de zinc”.
La empresa paga nueve centésimos por cada pie cúbico de madera extraído, de los cuales siete son para la comunidad y dos para los dirigentes del Congreso General Indígena, según explicó Salazar. Rattán Singh, abogado y financista de origen indostán, es el intermediario de la empresa Maderas de Nuevo Vigía, que extrae madera de esa población.
Singh confirmó que por la extracción de 200 mil pie cúbicos de madera este año, la empresa pagó B/. 10 mil a los indígenas, dinero que debe ser utilizado por los dirigentes para construir las cien viviendas en esa población. El dinero es depositado en una cuenta del Banco Nacional de Panamá.
Precisó que queda pendiente un saldo de B/.3 mil, de los cuales hay que restar algunos adelantos de dinero que pidieron los indígenas durante la ejecución del proyecto.
También dijo que a petición de las autoridades se ha retenido la suma de dos centésuimos por cada pie cúbico de madera extraída para garantizar el programa de reforestación en el sector.
Destacó que debido a las irregularidades del pasado, ahora se ha convenido que madera sacada madera pagada en efectivo a los indígenas para que ellos se encarguen de realizar las obras sociales con esos recursos.
Indicó que el contrato por tres años con la comunidad de Nuevo Vigía incluye la extracción de dos millones de pies cúbicos de madera.
De acuerdo con el intermediario como el permiso comenzó a funcionar tarde, en marzo, no pudieron obtener los 800 mil pies cúbicos de madera estimados para este verano, por lo que la empresa casi no ha obtenido ganancias este año.
Singh manifestó que tratará de cambiar la mala imagen que tienen los madereros del lugar que no cumplen lo que prometen a los indígenas.
Negó que los madereros extraigan más madera de la pactada ya que los propios indígenas tienen sus medidores especializados y la empresa los suyos. A orillas del Chucunaque se encuentra Peñita, una comunidad indígena de 157 familias.
Aquí hay una concesión para extraer 3 millones de pie cúbicos de madera: Le prometieron a la comunidad un desembolso de 5 mil balboas para reparar la carretera y la construcción de 100 viviendas.
La madera extraída de esta comunidad se encuentra en la entrada de Peñita en Canclón, pero las obras no se ven, dijo un morador de la comunidad.
Aquí la población vive en la pobreza y la desnutrición afecta seriamente a los niños, aseguró la maestra del pueblo.
Presuntamente el concesionario de la madera en este poblado es el señor Juan Varela, un empresario que vive en Tortí, dijeron residentes de la comunidad.
En otra comunidad indígena, en Bajo Chiquito, a orillas del Chucunaque, se repite el mismo drama de los otros pueblos, la madera ya ha sido extraída y hay quejas de la comunidad de que las obras sociales no se han realizado.
En esta comunidad el señor Juan Varela tiene la concesión para extraer la madera. La comunidad espera el pago de B/.10 mil para construir las obras sociales.
El Panamá América visitó la residencia de Juan Varela en Tortí, pero su esposa dijo que estaba en Panamá. También se dejaron varios mensajes en el celular, pero no respondió.
La ANAM, a través del Ing. Gutiérrez, confirmó que el año pasado la comunidad de Bajo Chiquito fue multada con B/.5 mil por no cumplir con el programa de reforestación.
Explicó que en los permisos comunitarios la responsabilidad de la reforestación recae en la comunidad porque a los intermediarios no se les incluye en esas tareas dentro de los contratos que se firman.
La comunidad de Tortuga tiene permiso comunitario y allí extrae madera la empresa Selloro S.A.; y en el poblado de Puente la empresa del señor Julio León Solís tiene otro contrato, según informo William Barrigon, administrador General del Congreso de la Comarca Emberá.
En Nuevo Vigía el contrato es con la empresa Madera Nuevo Vigía, cuyo representante legal es Rattán Singh, agregó.
Informó que en Villa Caleta se tramitó un permiso comunitario, pero éste no salió a tiempo para extraer madera en el pasado verano.
El Ing. Raúl Gutiérrez, lamentó que los aborígenes no hayan aprovechado el objetivo de esas autorizaciones, que era que ellos se inmiscuyerán en el aprovechamiento forestal de sus bosques.
"Pero estos indígenas qué es lo quieren.. quieren recibir dinero de manera cómoda y contratan una empresa para que extraigan la madera", lamentó Gutiérrez.
Otro problema es que los indígenas no son buenos en gestión comunitaria y no saben administrar el dinero, dijo.
Señaló que la ANAM ha planteado a los indígenas que vendan la madera con valor agregado, en bloques, tablas, aserradas para que ganen más, pero que sean ellos los que la trabajen.
"Ellos no quieren trabajar lamentablemente, quieren trabajar arriba del tractor", sostuvo Gutiérrez. Por otro lado, el Ing. Forestal Dimas Arcia manifestó que es posible acercar los permisos comunitarios a la realidad, siempre y cuando la autoridad defina una política concreta y clara sobre un programa de bosques comunitarios en la región.
Denunció que los permisos comunitarios como están concebidos, tienen sus contradicciones porque aunque las comunidades se pueden adaptar a los bosques, no están preparadas forestalmente para manejarlos.
Manifestó que está situación complica la supervisión y control de la ANAM, permitiendo irregularidades durante el proceso porque no se logra ni la sostenibilidad del bosque ni el desarrollo de las comunidades.
