Panamá ha sido ubicado en el puesto 41 del mundo en materia de acceso a la justicia de los niños, de acuerdo a una nueva investigación realizada por Child Rights International Network (CRIN).
Este nuevo reporte “Derechos, Remedios y Representación”, pone la mirada sobre cuán fácil o efectivamente pueden los niños alrededor del mundo acceder a las cortes para defender su derechos
Esta investigación tiene en cuenta si los niños pueden presentar acciones legales cuando tienen lugar vulneraciones a sus derechos, los recursos legales a su disposición, las consideraciones prácticas a tener en cuenta para iniciar acciones legales y si el derecho internacional en materia de derechos del niño es aplicado por las cortes nacionales.
Panamá ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, ha sido incorporada a la ley nacional, y puede ser invocada directamente ante la justicia del país.
Limitante
Sin embargo, su alcance es limitado puesto que los niños no pueden iniciar una acción en su propio nombre, debiendo depender de un tutor o abogado para hacerlo, quienes están obligados a actuar por el interés superior del niño. Las cortes disponen de una amplia gama de recursos; a los niños que carecen de medios económicos se les ofrece la asistencia jurídica gratuita como derecho propio.
Las ONG pueden iniciar procedimientos de revisión judicial en nombre de niños, y existen normas especiales para garantizar la privacidad de los menores de edad en los procedimientos penales.
La directora de CRIN, Verónica Yates, ha dicho: “Nuestro ranking muestra en qué medida los Estados le permiten a los niños acceder a la justicia en vez de en qué medida han sido consagrados. Sin embargo, es difícil ignorar que cuántos países con un registro deplorable en derechos humanos están en el extremo más bajo del ranking de acceso a la justicia de los niños.”
En el prólogo del informe del Presidente del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, Benyam Dawit Mezmur, dijo: "Espero que este estudio sea sólo el comienzo de un cambio en hacer del acceso a la justicia de los niños una prioridad que permita que otros derechos sean cumplidos."