El asilo territorial otorgado por Panamá a la ex directora del DAS de Colombia, María Del Pilar Hurtado, protagonista de una trama de escuchas y seguimientos ilegales, será objeto de una demanda contra el Estado panameño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Luis Guillermo Pérez, abogado y representante de las víctimas de las escuchas telefónicas, manifestó a medios colombianos que la acción judicial será presentada una vez las autoridades de su país formalicen a sus similares de Panamá la orden de captura contra Hurtado.
El jurista advirtió que de prosperar la acción, Panamá podría ser condenado a pagar una suma millonaria a cada una de las víctimas por proteger a una persona acusada de cometer graves delitos en Colombia.
La amenaza de las víctimas de las intervenciones telefónicas ordenadas por ex funcionarios del DAS durante la gestión del ex presidente Álvaro Uribe, se da en respuesta a las declaraciones del presidente panameño Ricardo Martinelli, quien ha reiterado en varias ocasiones que Hurtado se queda en Panamá.
“María Del Pilar se queda aquí en Panamá, porque ella tiene asilo territorial, y eso lo vamos a mantener. Panamá es un país que respeta las libertades, y al que se le da asilo, se queda aquí”, afirmó el mandatario.
Al respecto, Pérez, también abogado de la senadora Piedad Córdoba, señaló que con la decisión del gobierno de Ricardo Martinelli de mantener a toda costa el asilo a la ex directora del DAS se están burlando de la verdad, la justicia, la reparación de las víctimas de las “chuzadas”.
Cancillería.
Entretanto, el vicepresidente y canciller panameño, Juan Carlos Varela, confirmó que Panamá no ha recibido la solicitud de extradición de parte de las autoridades colombianas.
El pasado viernes, Varela dijo que inclusive tenía información de que en la Cancillería de Colombia no había ninguna solicitud para extraditar a Hurtado.
Reiteró que Panamá manejará el tema con mucha responsabilidad y que llegado el momento, dará a conocer su posición en base a las directrices que emita el presidente Martinelli.
“Por el momento no tenemos que estar dando posiciones, este es un problema interno que se está manejando en Colombia con declaraciones de funcionarios colombianos”, manifestó.
Mientras que en Colombia, la fiscal Viviane Morales pidió al Tribunal Superior de Bogotá, la detención de Hurtado, ex directora de la Policía Secreta colombiana, a quien además se le imputaron otros dos crímenes: peculado y falsedad ideológica en documentos públicos opositores.
En febrero del 2009. la revista Semanareveló que desde el DAS se interceptaban ilegalmente los teléfonos de los funcionarios y personalidades mencionadas, y que se vigilaban las actividades de defensores de derechos humanos, políticos, periodistas, entre otros.
