Washington. - Panamá es uno de los nueve países de Latinoamérica que más confianza inspiran en los círculos económicos mundiales, según el más reciente informe de Transparencia Internacional (TI), que enfoca los escándalos de corrupción en Estados Unidos y Europa.
Pero aunque durante los últimos dos años el Estado panameño ha permitido mayor acceso a la información oficial, los órganos privados en ese país que colaboran con TI han recopilado más de 25 normas vigentes que atentan contra la Ley de Transparencia aprobada hace dos años.
Panamá comparte con Uruguay, Costa Rica, Brasil, Jamaica, Colombia, El Salvador y México una holgada posición entre los primeros 66 países de una lista de 133-un incremento de 43 comparado con años anteriores.
En su décimo informe, Peter Eigen, fundador de TI, resalta que según las más recientes encuestas, el público en 48 países puso de manifiesto que en tres de cada cuatro países "los partidos políticos son la primera institución de la cual los ciudadanos querrían eliminar la corrupción".
"La corrupción política puede adoptar numerosas formas, desde la compra de votos y la malversación de los recursos públicos, hasta la exigencia por parte de los funcionarios públicos de dinero a cambio de protección", anota el informe.
En un sorpresivo giro para un organismo que fue creado en Berlín en 1994 con un mínimo de publicidad, Eigen, ex-vicepresidente del Banco Mundial, anunció que el próximo año incorporará una lista de los "líderes más corruptos y los montos supuestamente malversados", además de una tabla que revela que, de los 34 países encuestados en los últimos año, la mayoría trató de extender el alcance de la inmunidad política para sus gobernantes".
En una referencia especifica a Panamá el informe dice que la "Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana sigue esforzándose por impulsar cambios importantes en el Estado, para lo cual durante el último año desarrolló actividades que han dado frutos palpables y satisfactorios.
"En el ámbito de la lucha contra la corrupción, ha logrado preparar un instrumento de medición denominado Indice de Impunidad que recoge informes de los entes estatales encargados de investigar los casos de corrupción, así como una compilación de los casos publicados en los diarios panameños. Con esto se logrará medir el nivel de impunidad en Panamá, que a su vez permitirá impulsar la creación de una "oficina independiente contra la corrupción", meta considerada primordial por el Capítulo panameño.
"Por otro lado", continúa el informe, "si bien es cierto que con la aprobación de la Ley 6 de 2002 "que dicta normas para la transparencia en la gestión pública, establece la acción de habeas data y otras disposiciones (Ley de Transparencia), se logró abrir paso a la puesta en vigencia del derecho al acceso a la información en Panamá. Situaciones adversas han demostrado que esto no es suficiente. Ante esta realidad, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, impulsor de la ley, se ha propuesto alentar cambios que permiten su libre aplicación. Para ello, durante el primer semestre de 2003 desarrolló una compilación de más de 25 normas vigentes, por ende, aplicables, que contravienen la Ley de Transparencia.
"Asimismo, el Capítulo ha logrado recopilar los fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia en materia de habeas data, información que ha permitido medir el nivel de impacto de la ley, tanto en su aplicación como en el resultado de su propósito".
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