La presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, ordenó a los organismos de seguridad enviar al secretario general de la la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, todas las pruebas recogidas que demuestran la inocencia del país en un tráfico de armas de guerra desviadas a Colombia.
Un portavoz del ministerio de Gobierno y Justicia, institución encargada de cumplir con esta responsabilidad, dijo a ACAN-EFE que preparan toda la documentación sobre este grave delito, en el que se ha querido involucrar a Panamá.
Añadió que el expediente del caso y las pruebas serán enviadas a la Organización de Estados Americanos (OEA), debido a que Nicaragua involucró a este país al violar el artículo noveno de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico ilícitos de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos.
Entre otros puntos, ese artículo precisa que "los Estados partes, antes de autorizar los embarques de armas, deberán asegurarse de que los países importadores y de tránsito han otorgado las licencias o autorizaciones necesarias".
Los cancilleres de Colombia, Nicaragua y Panamá pidieron el pasado 7 de mayo a la OEA que colabore en las investigaciones sobre el desvío de las armas y las municiones. La petición fue formalizada en San José de Costa Rica.
El escándalo de las armas estalló el 21 de abril pasado, cuando el diario colombiano "El Tiempo" publicó que en noviembre del 2001 se introdujeron a Colombia 3,000 fusiles AK-47 y cerca de 5 millones de cartuchos calibre 7.62 milímetros "procedentes de Nicaragua", en el barco de bandera panameña "Otterloo".
Según los empresarios israelíes Oris Zoller y Uzi Kisslevich, representantes de la empresa guatemalteca GIRSA que negoció las armas, la Policía de Panamá les contrató para concretar esta transacción.
Ambos empresarios, en declaraciones a la prensa a finales del pasado mes, insistieron en que el negocio con la Policía Nacional de Panamá fue "transparente" y que toda la documentación que se utilizó es legal.
El director de la Policía Nacional, Carlos Barés, negó la complicidad de la institución y entregó los documentos que usaron los empresarios, que resultaron ser falsificados.
"La iglesia ha apoyado siempre a los medios, pero a veces ha ocurrido que bajo la libertad de expresión, se cubre todo y eso no puede ser. El respeto a la persona y a la intimidad está por encima de lo demás". Cuando se trata de hacer lo que se quiera, como quiera, con quien quiera y donde quiera, eso no es libertad, sentenció.
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