A pesar de que el gobierno de Panamá suscribió en diciembre de 2000, una resolución aprobada por la asamblea general de las Naciones Unidas que reprime y sanciona el tráfico de personas, en especial mujeres, niñas y niños, el país se encuentra en mora ya que la Asamblea Legislativa no ha ratificado el instrumento.
En ocasión de celebrarse hoy, el Día Internacional contra la Explotación Sexual no se ha logrado que el Organo Ejecutivo ratifique el instrumento señala a través de un comunicado la Defensoría del Pueblo.
El pleno de la Asamblea General de la ONU reunida en Palermo-Italia, adoptó la resolución en cuestión el 15 de noviembre de 2000, la cual sería ratificada por cada uno de los Estados.
La Defensoría del Pueblo sostiene que la explotación sexual es un mal que afecta a las sociedades de países pobres y de países ricos, entre las causas que favorecen su existencia está la pobreza, la desigualdad, el analfabetismo, la discriminación, la persecución, la violencia, la desintegración familiar y la lógica de la ley del mercado.
La práctica de la explotación sexual genera violaciones de los derechos humanos, en especial de los grupos sociales que la sufren y constituyen sus víctimas directas, las mujeres y la infancia.
222En el día de hoy se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual, mal que afecta a las sociedades de países ricos y pobres.
La Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, como institución encargada de defender y de promover los Derechos Humanos que garantiza la Constitución de la República y los Instrumentos de Derecho Internacional, aprovecha este día internacional en contra de la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños, para recomendar la ratificación del Convenio y sus Protocolos Adicionales.
Pese a la existencia de un número importante de instrumentos jurídicos internacionales que protegen a los seres humanos de distintas formas de malos tratos, explotación y discriminación, que obligan a los países a desarrollar planes de acción en contra de la explotación sexual, sobre todo la infantil, estos esfuerzos no han sido suficientes debido a la complejidad del problema y es necesario el reconocimiento y puesta en vigor de todos los instrumentos que permitan una lucha efectiva contra este mal.
El Convenio y sus Protocolos Adicionales son considerados como un conjunto normativo ejemplar, y el primer instrumento jurídico mundial de lucha contra la delincuencia organizada transnacional, puesto que introducen innovaciones esenciales en el derecho y en los procedimientos de cooperación entre los Estados Partes.
Este documento insta a incrementar los esfuerzos en la prevención, incluyendo la facilitación de información y educación a las víctimas potenciales, a los representantes de las autoridades y a la sociedad en general.
Dicho protocolo se inscribe de forma inequívoca en el cuerpo de instrumentos legales para la protección de los Derechos Humanos y en este sentido, es concordante con la Convención sobre los Derechos de la Infancia y, en particular, con la Convención contra la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ratificados todos por la República de Panamá.
