Organizaciones defensoras de los derechos humanos de varios países de América Latina expresaron ayer en Costa Rica su preocupación por la "agudización" de políticas y legislaciones restrictivas contra los solicitantes de la condición de refugiados.
"Observamos que países como Panamá, República Dominicana, Costa Rica y Venezuela continúan favoreciendo la expulsión, la deportación y el retorno inducido de personas que huyen de sus países de origen", precisan las organizaciones tras concluir, en San José, un seminario sobre los derechos de los refugiados.
Estos hechos violan "gravemente" los compromisos internacionales reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Derecho Internacional de Refugiados, según un comunicado del grupo de agrupaciones.
Las organizaciones participantes en el seminario provienen de Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, República Dominica y México.
Los organismos defensores de los derechos humanos resaltan "con preocupación", que países como Honduras, no han avanzado en sus compromisos internacionales en esta materia "al carecer de normativa interna que regule la posibilidad de otorgar asilo a personas que reúnen los requisitos para ello".
En iguales términos se expresan de Venezuela y República Dominicana, donde los órganos internos que aplican esa legislación son "inoperantes".
"Verificamos que países receptores como Ecuador y Panamá no permiten a los solicitantes de la condición de refugiados el acceso a las garantías procesales en el trámite de sus solicitudes", lo que "favorece de hecho la devolución de estas personas a Colombia y ponen en riesgo su vida e integridad personal", apuntan.
También rechazan la "persistencia" en toda la región de prácticas "deleznables como tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes así como las detenciones arbitrarias e ilegales por largos periodos en contra de los solicitantes" de refugio.
Exigen a Panamá que permita el acceso a organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales "a constatar la situación y proveer asistencia humanitaria" en la zona fronteriza entre este país y Colombia ante los "graves hechos" sucedidos el pasado 17 de enero y llevados a cabo por "grupos paramilitares" en esas comunidades "contra la población civil panameña y colombiana".
Resaltan la "contradicción" del Estado colombiano en esta materia pues, por una parte, "omite proteger a la población civil de las agresiones de los actores armados" y, por otra, niega las "condiciones mínimas" a quienes solicitan garantías procesales para el reconocimiento en su territorio de la condición de refugiado.
Finalmente, las organizaciones participantes en el seminario piden al sistema de protección de los derechos humanos en el continente para que continúen prestando atención a las personas que solicitan asilo o refugio en la región.
