Panamá está en "mora" con el cumplimiento de normas que buscan proteger a los que denuncian hechos de corrupción, establecidas en las convenciones con las organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) y de Estados Americanos (OEA), afirmó Carlos Gasnell, de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana.
La convención con la ONU, ratificada en el 2005, dice que "cada Estado Parte considerará la posibilidad de incorporar en su ordenamiento jurídico interno, medidas apropiadas para proporcionar protección contra todo trato injustificado a las personas que denuncien ante las autoridades competentes" hechos de corrupción.
Mientras que la Convención Interamericana contra la Corrupción, pactada en 1998, indica que entre los sistemas para proteger a los funcionarios y ciudadanos que denuncien actos de corrupción, está proteger su identidad.
Gasnell lamentó que la ejecución de las normas procesales incluidas en el Código Penal Acusatorio fueran suspendidas por el Gobierno, ya que no hay garantías para los denunciantes de estos hechos.
