Panamá insiste en posible demanda contra EU por contaminación de bases
Publicado 1999/07/06 23:00:00
- Yuriela Sagel y Aquilino Ortega
El gobierno panameño no descarta recurrir a acciones legales nacionales e internacionales para exigir a Estados Unidos (EU) la limpieza de las áreas militares contaminadas, afirmó ayer, el secretario general de la Cancillería, Daniel Delgado Diamante.
Puntualizó que Panamá agotará el diálogo para tratar de buscar una fórmula a través de la cual el gobierno norteamericano se comprometa a sanear las 3,175 hectáreas hasta ahora consideradas como no accesibles.
"No estamos en una confrontación con los Estados Unidos y esperamos que cumpla de buena fe con su compromiso de entregar libre de cualquier amenaza a la vida, salud y seguridad humana estas áreas", sentenció.
Sin embargo, explicó que en última instancia tienen la potestad de recurrir a mecanismos internacionales para exigir a EU que cumpla con el saneamiento de las áreas utilizadas para fines militares.
Apuntó que los Tratados Torrijos-Carter son claros y EU tiene la obligación de aplicar las medidas viables para la remoción de todos los artefactos no detonados y sustancias que representen un peligro para los panameños.
Señaló que al gobierno le preocupa la seguridad de más de 70 mil panameños que viven próximos a los campos de tiro de Emperador, Balboa Oeste y Piña en Sherman, que hasta el momento han dejado más de 21 muertos y varios heridos que tienen derecho a una indemnización.
Destacó que en las áreas revertidas se han descubierto municiones no detonadas en estanques de agua que podrían ser trasladadas por las corrientes hacia otros lugares.
Delgado Diamante dijo que el gobierno panameño rechaza el plan de limpieza presentado por EU y a pesar de que acepta la reversión de estas áreas no lo exime de su responsabilidad de sanearlas.
Por su parte, el presidente Ernesto Pérez Balladares responsabilizó al gobierno de EU por el accidente en donde los menores Kelvin Pérez Sánchez y Pablo Atencio González, resultaron gravemente heridos, luego de que una granada de fragmentación o una bala viva de metralleta calibre no desactivada explotara en la antigua base de Río Hato.
Destacó Pérez Balladares que a pesar de los muchos años transcurridos tras la reversión de Río Hato el peligro sigue latente en la zona, ya que todavía quedan en el sector muchas municiones sin explotar.
El mandatario consideró que las 3,175 hectáreas que no han podido ser saneadas, pese a que los Tratados-Torrijos Carter lo contemplan, también representan un peligro para todos los panameños.
"Responsabilizamos a los EU por cualquier accidente que pueda suceder en esas áreas y no lo liberamos de su responsabilidad adquirida a través de los Tratados Torrijos Carter de entregarnos libres de contaminación y sin riesgo para la salud y la vida humana las áreas que fueron utilizadas como campos de tiro o áreas de entrenamientos", subrayó el jefe del Ejecutivo.
Advirtió que la responsabilidad de limpiar por parte de los EU no ha cesado con la entrega de las áreas y agregó que es su deber responder con la indemnización a las personas que resulten lesionadas por explosivos sin detonar.
Puntualizó que Panamá agotará el diálogo para tratar de buscar una fórmula a través de la cual el gobierno norteamericano se comprometa a sanear las 3,175 hectáreas hasta ahora consideradas como no accesibles.
"No estamos en una confrontación con los Estados Unidos y esperamos que cumpla de buena fe con su compromiso de entregar libre de cualquier amenaza a la vida, salud y seguridad humana estas áreas", sentenció.
Sin embargo, explicó que en última instancia tienen la potestad de recurrir a mecanismos internacionales para exigir a EU que cumpla con el saneamiento de las áreas utilizadas para fines militares.
Apuntó que los Tratados Torrijos-Carter son claros y EU tiene la obligación de aplicar las medidas viables para la remoción de todos los artefactos no detonados y sustancias que representen un peligro para los panameños.
Señaló que al gobierno le preocupa la seguridad de más de 70 mil panameños que viven próximos a los campos de tiro de Emperador, Balboa Oeste y Piña en Sherman, que hasta el momento han dejado más de 21 muertos y varios heridos que tienen derecho a una indemnización.
Destacó que en las áreas revertidas se han descubierto municiones no detonadas en estanques de agua que podrían ser trasladadas por las corrientes hacia otros lugares.
Delgado Diamante dijo que el gobierno panameño rechaza el plan de limpieza presentado por EU y a pesar de que acepta la reversión de estas áreas no lo exime de su responsabilidad de sanearlas.
Por su parte, el presidente Ernesto Pérez Balladares responsabilizó al gobierno de EU por el accidente en donde los menores Kelvin Pérez Sánchez y Pablo Atencio González, resultaron gravemente heridos, luego de que una granada de fragmentación o una bala viva de metralleta calibre no desactivada explotara en la antigua base de Río Hato.
Destacó Pérez Balladares que a pesar de los muchos años transcurridos tras la reversión de Río Hato el peligro sigue latente en la zona, ya que todavía quedan en el sector muchas municiones sin explotar.
El mandatario consideró que las 3,175 hectáreas que no han podido ser saneadas, pese a que los Tratados-Torrijos Carter lo contemplan, también representan un peligro para todos los panameños.
"Responsabilizamos a los EU por cualquier accidente que pueda suceder en esas áreas y no lo liberamos de su responsabilidad adquirida a través de los Tratados Torrijos Carter de entregarnos libres de contaminación y sin riesgo para la salud y la vida humana las áreas que fueron utilizadas como campos de tiro o áreas de entrenamientos", subrayó el jefe del Ejecutivo.
Advirtió que la responsabilidad de limpiar por parte de los EU no ha cesado con la entrega de las áreas y agregó que es su deber responder con la indemnización a las personas que resulten lesionadas por explosivos sin detonar.

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