El Informe sobre la situación de libertad de expresión en Panamá indica que no se han dado avances sustanciales en materia de libertad de expresión y urge al Gobierno Nacional asumir cuanto antes su compromiso de derogar las leyes de desacato, que despenalice la calumnia e injuria y que revise la reglamentación y aplicación de la Ley sobre el acceso a la Información de Poder del Estado (Ley 6 de 22 de enero de 2002), mejor conocida como la Ley de Transparencia.
El informe --donde prácticamente se ubican las mismas fallas de los dos anteriores, las cuales impiden que exista una verdadera libertad de expresión-- fue dado a conocer por el relator para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), Eduardo Bertoni.
Bertoni consideró que en materia de libertad de expresión no se han dado avances sustanciales a pesar del compromiso de las autoridades gubernamentales durante las dos visitas del organismo.
En el caso de las preocupaciones por la reglamentación de la Ley de Transparencia, el informe destaca que enviaron dos notas al Organo Ejecutivo, una con fecha del 9 de julio del 2002 y otra del 4 de noviembre de 2002, sin embargo, hasta el momento no se ha dado ninguna respuesta.
Puntualizó que desde la segunda y tercera visita que hizo la OEA a la Panamá no hay avances en materia de libertad de expresión, y ahora el Gobierno se ha comprometido por escrito, al contestar el Informe de la Relatoría, a impulsar estas reformas.
No obstante, el relator enumeró como aspectos positivos la Ley No.55 de diciembre de 1999, que derogó la Ley No.68 sobre la Junta Técnica de Periodismo, la creación de la figura del delegado para la Libertad de Expresión de la Defensoría del Pueblo y la Ley de acceso a la información, pero la misma fue afectada con su reglamentación.
"Pero en la revisión de las leyes de desacato y calumnias e injurias siguen siendo utilizadas para perseguir a los periodistas y no hay avances", acotó.
Afirmó que es necesario que las autoridades se comprometan lo más pronto posible a cambiar la reglamentación de la Ley de Transparencia, porque la misma cambia su esencia.
"Es propicio para la libertad de expresión en Panamá que cualquiera pueda criticar a los funcionarios públicos de una manera sincera y constructiva, sin que corra el riesgo de ser encarcelado".
Precisó que la reglamentación de la Ley de Transparencia restringe que cualquiera persona pueda solicitar información y no es correcto, también el Organo Judicial debe darle una interpretación de acuerdo a las solicitudes de los organismos de derechos humanos.
Sin embargo, la respuesta de las autoridades panameñas es que no han podido derogar las leyes de desacato por la "separación de poderes que existe en este Estado de derecho, habiéndolas rechazado el Organo Legislativo".
Ante esta situación, la Relatoría insta al Organo Legislativo a adecuar la legislación conforme las recomendaciones que surgen del presente informe.
Según el informe, las leyes de desacato destinadas a proteger el honor de los funcionarios públicos que actúan en carácter oficial, les otorga injustificadamente una protección de la que no disponen los demás integrantes de la sociedad.
"De manera que una norma que obligue al crítico de los funcionarios públicos a garantizar las afirmaciones fácticas tiene consecuencias perturbadoras para la crítica de la conducta gubernamental", plantea.
Destaca el informe que para asegurar la adecuada defensa de la libertad de expresión, los Estados deben reformar sus leyes sobre difamación, injurias y calumnias en forma tal que sólo puedan aplicarse sanciones civiles en el caso de ofensas a funcionarios públicos.
La Relatoría reitera que Panamá todavía no ha adecuado sus leyes sobre privacidad y la protección del honor y la reputación conforme con los principios de la distinción entre las personas públicas, las personas privadas y la real malicia.
Sostiene que el Gobierno ha dejado abierto el debate de la despenalización o no de los tipos de calumnia e injuria y ha promovido el estudio de este controvertido tema, dejándolo en manos de una Comisión Técnica, de la cual estará muy atento la Relatoría.
Considera que las estadísticas de periodistas procesados demuestra la utilización de la legislación sobre difamación y libelo para silenciar críticas contra la administración de los asuntos públicos. De los 90 casos contra periodistas o comunicadores se dictaron sentencia de condena en 13, absoluciones en 6, sobreseimientos en 23 y en 5 casos, el denunciante desistió.
Otra de las preocupaciones de la Relatoría es algunas restricciones del Tribunal Electoral como el artículo 178 del Código Electoral que establece la prohibición de publicar las encuestas diez días antes de la elección o consulta electoral. Así como también, que las encuestas deben ser previamente registradas ante el Tribunal Electoral antes de ser divulgadas públicamente.
Al respecto el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Marcos Castillo afirmó que hará un llamado al Organo Ejecutivo, Legislativo y dueños de medios para ver como se confecciona un proyecto de ley que derogue las leyes restrictivas a la libertad de expresión, pero a su vez que vaya acompañado de una norma que regule la profesión del periodista.
"Vamos a ver como se hace una cosa equitativa e integral en el Consejo Nacional del Periodismo donde también están representados los dueños de medios y esto sea presentado al actual Gobierno o al próximo", anotó.
Indicó ojalá el Ejecutivo y Legislativo empiecen a revisar las leyes vigentes para eliminarlas y cumplir así la deuda que tienen con el país.
"El Gobierno y Legislativo deben ponerse al día con el tema de la libertad de expresión, así como se preocupan por las regulaciones de las Instituciones Financieras Internacionales que también lo hagan en materia de libertad de expresión", señaló.
Por su parte, el catedrático Miguel Antonio Bernal apuntó que el informe es positivo y contribuirá que las autoridades y la ciudadanía en general respete más la libertad de expresión.
Sentenció que el Gobierno mantiene una persecución contra los periodistas, porque hay más de 90 periodistas condenados y no ha cumplido con la derogación de las leyes que se convierten en una restricción para el ejercicio del Periodismo.
Exhortó a todos los ciudadanos a que vigilen que exista una plena libertad de expresión en el país y no se dejen intimidar, sino que sigan denunciando a los funcionarios.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
