Colombia anunció ayer que realizará operaciones militares conjuntas con países vecinos para contrarrestar a los grupos irregulares y a los narcotraficantes en las zonas fronterizas, pero el director de la Policía Nacional, Carlos Barés, reveló anoche que Panamá no participará de estos ejercicios, porque no tiene ejército.
Barés confirmó a El Panamá América que la Policía no ha sido invitada por Colombia para participar en las operaciones militares conjuntas, por lo que desconoce de qué clase de ejercicios militares se trata. Indicó que Panamá mantiene el estado de alerta en la provincia de Darién, fronteriza con Colombia, pese a que hasta ahora se vive una situación de "tranquilidad y normalidad".
La mandataria Mireya Moscoso se entrevistó con su colega Alvaro Uribe, durante la toma de posesión de éste el pasado 7 de agosto, para acordar medidas de seguridad en la frontera de ambas naciones a causa del agravamiento de la guerra interna que vive Colombia.
La ministra de Defensa de Colombia, Martha Lucía Ramírez, anunció ayer en Bogotá a los medios internacionales de prensa que su país ya inició contactos con los gobiernos de Venezuela, Perú y Brasil, tendientes a "unificar estrategias para cerrarle el paso a los violentos".
Simultáneamente, agregó la funcionaria, el gobierno de Alvaro Uribe reforzará los controles en las regiones fronterizas. El gobierno "trabajará todos los días de la semana para ofrecerle resultados concretos a los colombianos y afianzar su credibilidad ante el país y la comunidad internacional", agregó.
"Las tropas tendrán que entregar reportes diarios", indicó. Los países limítrofes con Colombia han reforzado su vigilancia en las fronteras, llegando a movilizar a miles de efectivos como es el caso de Venezuela y Ecuador, a causa del agravamiento de la guerra interna en Colombia.
Venezuela anunció que movilizará 7,000 soldados a la frontera con Colombia para reforzar la seguridad. Ecuador fue otro de los países fronterizos que incrementó los efectivos del ejército en la frontera con 6 mil.
Mientras, que Perú no descarta que la guerrilla colombiana de las FARC intente penetrar al país para refugiarse o contactar a miembros de Sendero Luminoso (maoísta), por lo que se decidió reforzar la frontera.
En agosto del 2001, el Consejo Económico Nacional (CENA) aprobó los B/.1.3 millón para implementar un banco de datos, pero a pesar de ello, la Contraloría no ha dado hasta el momento el aval para su instalación.
En este sentido, el ex director del Instituto de Medicina Legal, Félix Luciani, aseguró que esta licitación contó con el aval de los ministerios de Salud y de Economía y Finanzas, así como del CENA. Sin embargo, su avance se detuvo al momento de obtener su refrendo por parte del contralor Alvin Weeden, quien aseguró que el Ministerio Público debió llamar a una licitación internacional para adjudicar el contrato.
Según Luciani, hubo un estudio exhaustivo de este proyecto que incluyó a la Dirección de Contrataciones Públicas y a varios funcionarios de Salud y otras instituciones científicas involucradas en el proyecto. Esto, en palabras del procurador José Antonio Sossa empantanó el proyecto y la única alternativa fue acudir ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia para que determine la legalidad de lo actuado y la viabilidad del contrato.
El procurador Sossa fue uno de los primeros funcionarios en entregar sus muestras de sangre para la instalación del banco de ADN, prueba a la que también se sometieron el ex director de la Policía Técnica Judicial (PTJ), Emilio De León; el jefe del Servicio Marítimo Nacional, José Isaza, fiscales y personeros.
Sossa, en ese momento, aseguró que el banco de ADN permitiría la ejecución de análisis más exactos para la ubicación de personas en la escena de un crimen. Dijo que esta herramienta permitiría acelerar los procesos judiciales. Para el jefe del Ministerio Público, la prueba de ADN contribuirá de manera definitiva para acabar con la impunidad en algunos delitos.
Sostuvo que en los casos de paternidad irresponsable, la prueba también será una herramienta valiosa para determinar la identidad del padre de la criatura. Advirtió que esta prueba será de carácter obligatorio cuando así lo disponga un juez o un funcionario de instrucción.
La toma de muestras biológicas se extendió a las cárceles, funcionarios judiciales, bomberos, agentes de la Policía y la PTJ. Con el tiempo, se pretende mantener un banco con muestras de toda la población.
Este mecanismo podría ser utilizado como un instrumento de identificación similar a la huella digital, con la particularidad de ser mucho más exacto y con el que se pueden identificar restos humanos deteriorados. La Ley señala que la solicitud de esta prueba sólo será hecha por una de las partes dentro de un proceso o de oficio realizado por el Ministerio Público y será de obligatorio cumplimiento, siempre que su aplicación no cause perjuicio a la salud o integridad física de quien debe someterse a ella.
Esta legislación también establece que la toma de muestras biológicas sólo se ejecutarán en los casos en que existan indicios de la comisión de un delito por una persona. También se aplicará a todo el que se encuentre cumpliendo una condena en un centro carcelario, en los procesos de filiación, en casos de extradición o deportación y a cualquier persona que solicite la ciudadanía panameña, la residencia permanente o un permiso de trabajo. También deberán someterse a esta prueba quienes soliciten permiso para portar armas y cualquier otra persona de quien, según la naturaleza de la causa, se considere necesario determinar su ADN.
Félix Luciani aceptó que el laboratorio de ADN no tenía como objeto central la ejecución de pruebas de ADN mitocondriales para la identificación de osamentas, debido a que básicamente lo requerido era la ejecución de pruebas de paternidad y ubicación de homicidas en las escenas del crimen.
Luciani dijo que Fair Fax aceptó colaborar con los miembros de la Comisión de la Verdad para dar una solución a la identificación de los restos encontrados en diversos puntos del territorio nacional y que en ese momento no había medios para identificar.
Sin embargo, indicó que este ofrecimiento fue mal entendido por parte de los miembros del Comité de Familiares de Desaparecidos (COFADEPA-HG), que criticaron esta actuación, sin conocer que esa no es la especialidad de Fair Fax.
Explicó que esta situación puede ser subsanada en el futuro con entrenamiento de personal en esta técnica de análisis que requiere de un sistema de aislamiento especializado para evitar la contaminación de las pruebas.
También tiene proyectado el entrenamiento de funcionarios de la PTJ en la recolección de muestras biológicas y que los propios miembros del laboratorio puedan acudir a la escena del crimen para realizar análisis forenses en casos de crímenes violentos.
Por su parte, el secretario general del Ministerio Público, José María Castillo, sostuvo que el laboratorio tiene un carácter de urgencia, debido al incremento de los delitos violentos y a la sofisticación de los criminales.
A juicio de Castillo, mantener este proyecto paralizado le resta velocidad a la justicia, ya que la prueba de ADN tiene un 99.9% de efectividad. Esto da un alto grado de confiabilidad a la justicia y a quienes se encuentran encargados de realizar las investigaciones en estos casos.
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