Washington.- Panamá ha entregado un pliego al gobierno de Estados Unidos solicitando que se preste a un arbitraje por parte de expertos para decidir si el Pentágono ha cumplido la labor de limpieza de los polígonos de tiro, tal como lo estipularon los Tratados Torrijos Carter, según fuentes oficiales.
"Los árbitros deben ser personas de alto prestigio y de competencia técnica y no importa de qué nacionalidad", declaró una fuente a este corresponsal. El documento, fruto de una extensa labor entre el Ministerio de Relaciones Exteriores panameño y la embajada en Washington con el bufete de abogados Arnold and Porter, fue entregado el lunes al Departamento de Estado por el embajador Guillermo Ford.
Los funcionarios del departamento tendrán que discutir la oferta panameña con el Pentágono así como con el Consejo Nacional de Seguridad, lo que puede tomar varias semanas, según las fuentes. La demorada entrega del documento se produjo justo cuando varios miembros del Congreso de Estados Unidos opinaron que ha llegado la hora para que el Pentágono lleve a la luz pública los métodos utilizados para deshacerse de las substancias explosivas y tóxicas utilizadas en sus pruebas desde la Primera Guerra Mundial.
Pero lo que provocó la crítica de los legisladores no fueron los explosivos sin detonar de los polígonos de tiro en las bases que Estados Unidos evacuó en Panamá, sino una emisión de gases tóxicos a pocos kilómetros de la Casa Blanca en Spring Valley, una zona residencial que incluye la sede de American University.
Constance Morella, Republicana de Maryland, reclamó en el pleno de la Cámara Baja, que el Gobierno realice una investigación independiente de los planes de limpieza del Departamento de Defensa, pedido aparentemente similar a la propuesta elaborada por Arnold & Porter. Según varias denuncias, emisiones inaceptables de arsénico están emanando de unos antiguos depósitos de armas químicas de la Primera Guerra Mundial en Spring Valley, en el límite entre el Distrito de Columbia de la capital de Estados Unidos y el estado de Maryland.
La congresista Morella sostiene que, "en el peor de los casos, existió una conspiración de silencio que puso en peligro la salud pública, amenazó los hogares de centenares de familias y erosionó la confianza del pueblo en el gobierno".
"Nos preguntamos si el Ejército estaba realmente interesado en descubrir la verdad sobre los explosivos enterrados", declaró Morella ante una sesión de la Cámara Baja. La controversia del peligro de gases tóxicos en Spring Valley se produce en el momento en que el gobierno de Panamá y una firma de abogados están en medio de gestiones para reabrir con el gobierno de Estados Unidos el polémico tema de la limpieza de los polígonos de tiro.
También tiene relevancia el plebiscito en Puerto Rico el domingo en el que el 68% de los habitantes de Vieques exigieron el fin inmediato de las maniobras de la Marina en dicha isla. Los resultados de la consulta no dejaron lugar a dudas: de los 4,744 votos emitidos, 3,230 exigen que la Marina abandone inmediatamente dicha isla, utilizada para ejercicios que implican bombardeos y desembarcos anfibios, y 1,427 (30%) desean que los militares dejen Vieques en el 2003. Sólo 81 personas (un magro 1,7%) creen que la Marina debe permanecer en esta isla de 9,000 habitantes.
Aceptadas durante casi 50 años, las maniobras han sido objeto de una creciente oposición desde la muerte accidental, en 1999, de un guardia puertorriqueño a causa de un bombardeo. Después de numerosas manifestaciones, Bush prometió hace dos meses que la Marina abandonaría Vieques en mayo del 2003. El presidente norteamericano anunció ayer que no tenía intención de modificar este calendario a pesar del deseo mayoritario de los habitantes de Vieques.
Una nota editorial del Washington Post ayer se hizo eco de los llamados de la congresista así como de la representante del Distrito Federal, Eleanor Holmes Norton, con un llamado para que la General Accounting Office (GAO), una agencia que responde al Congreso y no al poder ejecutivo inicie una investigación para determinar el grado de contaminación que aflige esta zona.
En una opinión que recuerda los argumentos esgrimidos por Panamá, el Post dice: "La General Accounting Office debe examinar, entre otras cosas, las decisiones del Ejército y la Agencia de Protección Ambiental en 1986 y 1995 de poner fin a las investigaciones de una posible contaminación en Spring Valley. Raymond Fatz, de la oficina del secretario del Ejército, defiende estas decisiones como "razonables cuando fueron hechas, basadas en la informacón existente en ese momento y nuestra habilidad de interpretarla".
