Panamá es acusada de "atentar" contra los derechos humanos por miembros de la sociedad civil y hasta autoridades de Nicaragua, que indican que nuestro país aplica restricciones migratorias con "carácter político" en favor de Costa Rica.
Sin embargo, las autoridades panameñas y costarricenses rechazan estas acusaciones y señalan que mantendrán las restricciones migratorias.
La polémica empezó el pasado 26 de enero, cuando nuestro país solicitó a los nicaragüenses, como requisito de ingreso al territorio panameño vía terrestre, que posean su boleto aéreo de regreso a su país, el visado de Costa Rica y presentar una solvencia económica de 500 dólares para cubrir su estadía.
Algunos de los señalamientos más duros contra Panamá lo hizo la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, quien afirmó que "aquí hay una alianza política, un compadrazgo" entre ambos gobiernos y que "esto tiene un trasfondo político ideológico".
Mientras que algunos representantes de países centroamericanos, que se encuentran en nuestro país y que prefirieron el anonimato, consideran que Panamá podría verse al borde de un conflicto diplomático con Nicaragua por las nuevas medidas migratorias.
La preocupación radica en que se acusa a Panamá de estar "confabulado" con Costa Rica, que mantiene una fuerte pugna limítrofe con los nicaragüenses por el río San Juan.
Ante estos señalamientos, una funcionaria de la Embajada de Costa Rica en Panamá indicó que nuestro país es soberano en sus decisiones y que no emitirían comentarios ante las acusaciones.
Sin embargo, la funcionaria explicó que no pueden otorgar una visa inmediata a los nicaragüenses cuando se les vence a los 30 días de otorgada, porque la solicitud no la hacen desde su país de origen, lo que extiende el proceso.
Mientras, el embajador de Panamá en Nicaragua, Olimpo Sáez, rechazó los señalamientos y confirmó que el miércoles, el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua solicitó un acuerdo con nuestro país debido a que sus diputados piden al presidente Daniel Ortega que aplique las mismas restricciones a los panameños.
Panamá Américaintentó obtener la posición oficial de la directora de Migración, María Cristina González, pero esta prefirió no referirse al tema.
Mientras que su Dirección de Relaciones Públicas indicó que se mantendrá la medida, a pesar del rechazo nicaragüense, porque las deportaciones son costosas para nuestro país.
En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores restó importancia a las posibles fricciones que pudieran generar las nuevas acciones a las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Por su lado, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) anunció que abordará el problema en una reunión programada para junio.
Gastos.
En el 2010, Migración gastó más de 88 mil 235 dólares en la repatriación de 244 de estos ciudadanos. Los meses de mayor traslado fueron junio y diciembre pasado.
Un registro estadístico de Migración reveló que hasta el 4 de febrero se deportó a 21 nicaragüenses, lo que representó un gasto por más de 6 mil 750 dólares.
Actualmente hay 13 nicaragüenses en albergues, que están a la espera de ser repatriados.
Tensiones.
La presidenta de la Corte Suprema de Nicaragua, Alba Luz Ramos, acusó a Panamá de implementar medidas migratorias que "atentan" contra los derechos humanos.
Por su parte, la Cancillería confirmó que no ha recibido ninguna comunicación oficial sobre el rechazo a las restricciones y que se desconoce si los presidentes Ricardo Martinelli y Ortega han tenido algún contacto.
Sin embargo, se señaló que los Estados son soberanos para definir los parámetros de sus políticas migratorias, por lo que no se descarta que se apliquen las mismas medidas a los panameños en ese país.
